
La detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, no solo abrió una investigación penal de alto impacto, sino que obligó a un reacomodo inmediato en el gobierno local para garantizar la gobernabilidad del municipio.
La situación se profundizó luego de que un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa contra el edil, quien permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “El Altiplano”, mientras se define su situación jurídica.
Durante la audiencia inicial celebrada este viernes 6 de febrero, el juez Mario Elizondo Martínez determinó imponer la medida cautelar más severa, luego de que la defensa del alcalde solicitara la ampliación del término constitucional a 144 horas. Será la próxima semana cuando se lleve a cabo la audiencia de continuación en la que se decidirá si Diego “N” es vinculado a proceso.

La detención del edil ocurrió el jueves 5 de febrero como parte de la Operación Enjambre, un despliegue federal contra redes de extorsión y corrupción, en el que también fueron arrestados tres funcionarios clave del Ayuntamiento: Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas. Todos ellos solicitaron igualmente la ampliación del plazo constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días.
De acuerdo con información de autoridades federales, Diego “N” es investigado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de encabezar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y la operación de una red de corrupción dentro del Ayuntamiento.
La Fiscalía General de la República también lo señala por delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, relacionados con la privación ilegal de la libertad de dos aspirantes a cargos municipales en 2021, a quienes presuntamente obligó a renunciar a sus candidaturas.
Ante la ausencia del alcalde, el síndico municipal Omar Alejandro Ramírez Vélez se perfila como encargado provisional del despacho de la Presidencia Municipal. Por jerarquía administrativa, el síndico puede asumir temporalmente la conducción del Ayuntamiento, con el objetivo de evitar un vacío de poder y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Ramírez Vélez ocupa el cargo tras la salida de Francisco Javier Contreras Salazar, quien solicitó licencia en julio de 2025.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco establece que la detención de un presidente municipal se considera inicialmente una falta temporal. Si la ausencia supera los 15 días, el Cabildo debe sesionar para definir la ruta institucional: llamar al presidente municipal suplente o designar formalmente a un alcalde interino de entre sus integrantes. En caso de que la falta sea declarada absoluta, el Ayuntamiento deberá nombrar a un presidente municipal sustituto, decisión que deberá ser ratificada por el Congreso del Estado.
Mientras tanto, la Policía del Estado asumió el control de la seguridad pública en Tequila, y se inició una revisión de la comisaría municipal y su armamento. El Gobierno de Jalisco ha asegurado que no existe riesgo de ingobernabilidad y que el municipio continuará operando con normalidad.
En el ámbito político, Morena Jalisco reiteró su postura de respeto al Estado de Derecho, subrayando que “nadie está por encima de la ley”, y afirmó que será la justicia la que determine responsabilidades, mientras el Ayuntamiento define formalmente quién encabezará el gobierno local durante este periodo de crisis institucional.
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