
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió investigaciones administrativas para determinar si existieron omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca.
Así lo informó su titular, Raquel Buenrostro Sánchez, quien explicó que la dependencia se encuentra recabando y analizando información de distintas autoridades involucradas en la construcción, operación y supervisión del proyecto ferroviario.
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Auditorías para esclarecer el accidente del Tren Interoceánico
En encuentro con medios, Buenrostro precisó que la Secretaría realiza auditorías de manera permanente por mandato legal y que el proyecto del Tren Interoceánico ya había sido revisado con anterioridad.

No obstante, tras el accidente, se decidió intensificar el escrutinio con revisiones más detalladas y específicas.
La funcionaria aclaró que el objetivo central es verificar que no haya existido alguna omisión en los procesos administrativos o contractuales que pudiera haber influido en el siniestro.
La titular de Anticorrupción subrayó que, aunque la dependencia no lleva a cabo auditorías forenses, sí está facultada para detectar irregularidades administrativas que, de confirmarse, pueden ser turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para la apertura de investigaciones penales.
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En ese sentido, sostuvo que la Secretaría actúa como un órgano preventivo y de control, pero con capacidad de canalizar posibles responsabilidades legales.
Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: lo ocurrido el 28 de diciembre
El accidente se registró en la región de Nizanda, Oaxaca, en un tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico, que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.
De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, responsable de la operación del tren, una unidad se descarriló en una zona de curvas pronunciadas, provocando que uno de los vagones cayera desde un talud de aproximadamente siete metros, mientras otro quedó semisuspendido.
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El percance dejó un saldo de 14 personas fallecidas y alrededor de un centenar de lesionados.
Al menos 36 heridos fueron atendidos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la región, mientras que otros continúan recibiendo atención médica especializada.
Testimonios de pasajeros señalan que, instantes antes del accidente, el tren circulaba a alta velocidad, aunque hasta ahora no se ha determinado oficialmente si hubo una falla técnica o un error operativo.
Víctimas del Tren Interoceánico: denuncias, atención y reparación del daño
Tras el siniestro, algunas víctimas y familiares iniciaron procesos legales. Al menos tres personas afectadas presentaron denuncias penales ante la FGR contra constructoras, contratistas y servidores públicos, por presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad.
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Los denunciantes buscan participar en la carpeta de investigación y en la elaboración de los peritajes que determinarán las causas del descarrilamiento, además de exigir la reparación integral del daño.
El accidente evidenció diversos impactos negativos asociados al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre ellos:
- Pérdida de vidas humanas y lesiones graves a pasajeros y tripulación.
- Daños a la infraestructura ferroviaria en un tramo estratégico.
- Afectaciones económicas y emocionales a las víctimas y sus familias.
- Cuestionamientos sobre la seguridad, el mantenimiento y la supervisión del proyecto.
- Desconfianza social en torno a la operación del corredor logístico.
Investigaciones en curso y postura de Claudia Sheinbaum
Además de la Secretaría Anticorrupción, la FGR y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizan investigaciones para esclarecer el origen del descarrilamiento.

Las indagatorias se concentran en la revisión de contratos, protocolos de seguridad, condiciones de la vía y responsabilidades administrativas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las vías del tren contaban con certificados de seguridad y llamó a las víctimas a acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señalando que ya existe una carpeta de investigación abierta y que no es necesario presentar denuncias individuales.
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La mandataria también instruyó agilizar los procesos para garantizar la reparación integral del daño y aseguró que las compensaciones se realizarán conforme a la ley, sin impunidad.
El Corredor Interoceánico, inaugurado en 2023 e impulsado como una alternativa logística al Canal de Panamá, enfrenta ahora uno de sus mayores desafíos, mientras las autoridades buscan esclarecer responsabilidades y atender las consecuencias de la tragedia ocurrida en Oaxaca.
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