Denuncian presunto caso de abuso sexual a paciente en laboratorio de Chihuahua

La detención de un empleado del laboratorio Salud Digna en Chihuahua por un presunto abuso sexual contra un paciente durante un procedimiento clínico ha provocado indignación ciudadana y reviste implicaciones legales y sociales de gran alcance.

El caso se desarrolla en torno a la denuncia de un joven de 19 años que, tras solicitar un estudio médico en la sucursal ubicada en la colonia Deportistas, acusó a quien llevaba a cabo el procedimiento de haber realizado acciones sin justificación médica y de naturaleza sexual, lo que activó tanto acciones inmediatas de las autoridades.

En la etapa más reciente del proceso, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua declaró ilegal la detención de Fabián “N”, de 26 años, encargado de laboratorio y señalado por la víctima, y ordenó su liberación.

La Fiscalía General del Estado informó que el investigado queda en libertad bajo reservas de ley y que la carpeta de investigación continuará abierta, mientras prepara una apelación ante la resolución judicial. El expediente se identificó bajo la causa penal 32/2026, vinculada a la denuncia de abuso sexual presentada por el joven paciente.

El relato de la víctima indica que acudió a la clínica para la realización de un exudado uretral y, durante el procedimiento, el trabajador presuntamente introdujo sin justificación médica un hisopo de forma rectal y, posteriormente, se retiró el cubrebocas para realizar acciones de connotación sexual sin consentimiento.

Tras el episodio, la víctima salió del consultorio y pidió auxilio inmediato mediante una llamada al 911, lo que llevó a agentes municipales y del Grupo Especial K9 de la SSPE a asegurar al presunto agresor en el lugar.

El procedimiento legal ha sido objeto de cuestionamientos, ya que la defensa del presunto responsable, representada por Ricardo Márquez Torres, argumentó irregularidades en el protocolo de detención seguido por la policía municipal, lo que finalmente fue reconocido por la jueza Alicia de la Rosa Almanza al declarar ilegal la detención. La Fiscalía de Zona Centro prepara la presentación del recurso de apelación, que será revisado por una sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

En el plano social, la ciudadanía manifestó su disgusto y desconfianza respecto de los protocolos de contratación, supervisión y atención a pacientes en clínicas privadas. Voces en redes demandaron una revisión integral de los filtros institucionales y medidas reforzadas de protección, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad durante procedimientos que ameritan privacidad y confianza. Al mismo tiempo, activistas por los derechos humanos señalaron que las burlas y “memes” difundidos en respuesta al caso constituyen un acto de revictimización, aumentando el agravio a la presunta víctima.

Ante la gravedad de los hechos, el laboratorio emitió un comunicado en el que “refrenda su compromiso con la seguridad y el trato digno hacia quienes acuden a sus instalaciones”, subrayando que opera bajo “los más altos estándares de ética, profesionalismo y respeto” y que no tolerará bajo ninguna circunstancia conductas contrarias a sus valores institucionales y a su código de comportamiento, según una publicación de El Heraldo de Chihuahua.

La institución indicó, además, que desde el primer reporte de la denuncia, ha colaborado de manera decidida y oportuna con las autoridades aportando toda la información y facilidades necesarias para las investigaciones.

En su posicionamiento público, la organización destacó que mantiene procesos clínicos y operativos normalizados, avalados por reconocimientos nacionales e internacionales. Además, afirmó que la investigación se lleva a cabo con transparencia y pleno respeto al debido proceso y a los derechos de ambas partes involucradas.

La institución continúa a la espera del desarrollo de la indagatoria, comprometida a participar en todas las diligencias que requieran su intervención para el esclarecimiento total de los hechos.

El caso, ocurrido el pasado 6 de enero en el norte de la ciudad, ha reactivado la discusión sobre la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y denuncia en el sector salud privado.