El dirigente estatal del PRI en Michoacán y diputado local, Guillermo Valencia Reyes, denunció haber sido víctima de amenazas directas y de una agresión contra su equipo de seguridad, hechos que —aseguró— buscan intimidarlo por su postura crítica frente a la crisis de violencia que enfrenta la entidad.
El señalamiento ocurre en un contexto de creciente violencia político-criminal que ha colocado a Michoacán entre los estados más peligrosos para el ejercicio del poder municipal.
Amenazas, intimidación y una advertencia pública
Valencia Reyes afirmó que el riesgo en su contra es “inminente” y que ha recibido amenazas reiteradas, incluida una agresión directa contra sus escoltas durante el periodo decembrino.
Señaló que estos hechos forman parte de una estrategia de intimidación para inhibir su participación política y su discurso crítico sobre la inseguridad en el estado.
El legislador indicó que, lejos de recibir mayor protección, ha enfrentado intentos por reducir su esquema de seguridad, lo que interpretó como una acción para callarlo.
En ese contexto, responsabilizó a las autoridades federales y estatales de cualquier daño que pudiera sufrir, al considerar que la impunidad y la falta de acciones contundentes han permitido la expansión de la violencia.
Violencia municipal: el foco rojo de Michoacán
La denuncia del dirigente priista se inserta en un escenario de violencia sostenida contra presidentes municipales y autoridades locales.
Desde 2018, Michoacán ha registrado el mayor incremento nacional de agresiones contra alcaldes, con un aumento cercano al 500%, de acuerdo con registros especializados en violencia político-criminal.
Al menos ocho alcaldes en funciones han sido asesinados en la entidad en los últimos años, cifra que se amplió con el caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, cuyo homicidio profundizó la crisis política y de seguridad en el estado.
Michoacán comparte con Guerrero el primer lugar nacional en ataques contra alcaldes, con 18 casos documentados, lo que refleja un patrón persistente de violencia focalizada en el ámbito municipal.
Carlos Manzo: cercanía política y una relación pública
Guillermo Valencia Reyes mantuvo una relación cercana con Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, con quien coincidió en una agenda pública centrada en la denuncia de la violencia y el señalamiento de la impunidad en Michoacán.
Ambos participaron en actos públicos relacionados con la exigencia de seguridad para autoridades locales y compartieron posturas críticas sobre el control territorial del crimen organizado en distintas regiones del estado.
La cercanía entre ambos también se evidenció en la develación del busto de Hipólito Mora Chávez en Buenavista, acto en el que coincidieron como figuras políticas que respaldaban la resistencia comunitaria frente a la violencia criminal.
Para Valencia Reyes, la destrucción y vandalización de ese monumento representó un mensaje de advertencia no solo contra la memoria de Mora, sino contra quienes han mantenido una postura pública incómoda para los grupos criminales.
Cifras que explican la crisis político-criminal
El análisis de la violencia en Michoacán muestra que los asesinatos representan el 57% de las agresiones contra actores políticos, una proporción superior al promedio nacional.
Otras modalidades incluyen ataques armados, atentados, secuestros, amenazas y desapariciones, lo que evidencia la diversificación de los mecanismos de presión.
Michoacán concentra alrededor del 6% de las víctimas nacionales de violencia político-criminal.
Entre 2018 y 2025, el número de víctimas en la entidad se duplicó.
A nivel nacional, más del 56% de los ataques contra figuras políticas han derivado en homicidios. La impunidad se mantiene como un factor central en la reproducción de la violencia.
Trayectoria y perfil del dirigente priista
Guillermo Valencia Reyes, de 44 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Fue presidente municipal de Tepalcatepec entre 2012 y 2015, periodo en el que tuvo que separarse temporalmente del cargo tras recibir amenazas del crimen organizado.
Actualmente se desempeña como diputado local del PRI por la vía plurinominal y como dirigente estatal del partido.
Ha ocupado diversos cargos legislativos y partidistas y es fundador de la asociación civil Revolución Social, dedicada al acompañamiento jurídico y social a víctimas del delito.
A lo largo de su trayectoria, ha mantenido una postura crítica en materia de seguridad pública y ha cuestionado la falta de una estrategia integral para enfrentar la violencia en Michoacán.
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