
A casi dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza principal del municipio, el caso continúa generando controversia pública y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades encargadas de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán enfrenta una crisis de credibilidad tras la difusión de un peritaje balístico independiente que contradice la versión oficial sostenida desde el inicio del proceso. De acuerdo con la fiscalía, el presunto agresor murió tras dispararse con su propia arma durante el ataque. Sin embargo, un dictamen privado solicitado por la defensa de los escoltas del alcalde plantea un escenario distinto.
El peritaje que cambió la narrativa
El punto central del debate gira en torno a un casquillo distinto al resto de los encontrados en el lugar del crimen. Según el peritaje independiente, en la escena se localizaron seis casquillos grises con la leyenda “Luger Mon”, compatibles con una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada por el atacante.
No obstante, el casquillo correspondiente al disparo que provocó la muerte del presunto agresor es de color dorado y porta la marca “Águila”. El análisis microscópico concluyó que los seis casquillos grises presentan una marca característica del cañón del arma del agresor, mientras que el casquillo dorado no comparte ese mismo patrón.
Para la defensa, esta diferencia es determinante, pues descarta que todos los disparos provengan de la misma arma, lo que pone en duda la versión oficial de que el agresor murió por su propio disparo.

Postura de la fiscalía y exigencias de la defensa
Pese a la difusión del peritaje, el fiscal estatal Carlos Torres ha reiterado que será un juez quien determine el valor probatorio de los distintos dictámenes presentados en el caso. La fiscalía sostiene que el proceso sigue abierto y que las conclusiones finales se resolverán en sede judicial.
Por su parte, la defensa de los escoltas ha exigido una explicación científica pública que justifique la narrativa institucional, señalando la importancia de la transparencia en una investigación de alto impacto político y social.
Detenciones, crimen organizado y seguridad federal
En paralelo a la controversia pericial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el grupo criminal Los Erre, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría detrás del asesinato del alcalde.
El funcionario confirmó la detención de Jorge Armando N, alias El Licenciado, señalado como autor intelectual, así como la captura de siete escoltas del alcalde y un presunto reclutador criminal.
García Harfuch subrayó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la seguridad en Michoacán es prioridad nacional. Tras el crimen, se desplegaron más de dos mil 500 elementos federales, se realizaron aseguramientos de armas y droga, y se reportó una disminución en los homicidios durante noviembre.
Un caso bajo escrutinio nacional
El asesinato de Carlos Manzo no solo impactó a Uruapan, sino que abrió un debate nacional sobre el papel de las fiscalías, el uso de peritajes independientes y la transparencia en investigaciones de alto perfil. A medida que avanzan las indagatorias, el caso continúa bajo atención pública y mediática, sin una resolución definitiva.
Por lo pronto, queda claro que el asesinato de Carlos Manzo sacudió al 2025 de manera notoria.
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