
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la creación de un Manual Nacional de Operación para fiscalías y unidades especializadas en el combate a la extorsión, que será elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) y deberá entregarse a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.
El objetivo es establecer procedimientos unificados en la recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito, una de las principales preocupaciones ciudadanas y empresariales del país.
De acuerdo con la versión estenográfica de la sesión del pasado 11 de diciembre de 2025, la medida forma parte del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, presentado durante la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo, presidida por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Unificación de formatos en la FGR
De acuerdo con lo expuesto en la sesión, el Manual Nacional de Operación buscará homogeneizar la respuesta institucional ante la extorsión en todo el territorio, dotando a las fiscalías estatales de procesos estandarizados para atender a las víctimas y coordinar esfuerzos de investigación.
El documento será una herramienta clave tanto para la creación de nuevas áreas especializadas en las entidades donde aún no existen, como para el fortalecimiento de aquellas ya operativas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó ante el pleno que desde la implementación de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncia anónima a través del número 089, y han sido detenidas más de 600 personas relacionadas con este delito en 22 estados del país.

Búsqueda de mejoras en la FGR
La instrucción para la FGR incluye también la supervisión de la armonización legislativa en los estados, de modo que los marcos jurídicos locales se alineen con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el Consejo estableció como plazo el último día hábil de enero de 2026 para que las entidades presenten las reformas necesarias ante sus congresos locales.
Durante la sesión se abordaron otros temas de seguridad y justicia, entre ellos la actualización de los lineamientos para la atención de llamadas de emergencia (911) y de denuncia anónima (089), además del fortalecimiento de los registros nacionales de incidencia delictiva y personas desaparecidas.
El mensaje de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, subrayó la necesidad de fortalecer la procuración de justicia y la coordinación con las fiscalías estatales, así como de implementar un nuevo modelo de investigación e inteligencia enfocado en delitos de alto impacto, como la extorsión.
Godoy Ramos afirmó ante los asistentes: “No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia federal a lo largo y ancho del territorio nacional”.
Los gobernadores participantes reconocieron la urgencia de contar con herramientas y procedimientos estandarizados para combatir la extorsión y garantizar la protección de víctimas y denunciantes.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, enfatizó la importancia de ampliar la figura de identidad reservada en los procesos judiciales para proteger a quienes denuncian este tipo de delitos.
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