Registro obligatorio de líneas móviles: una medida contra el delito que ignora cómo opera el delito

A partir del 9 de enero de 2026, México pondrá fin a una de las anomalías más persistentes de su mercado de telecomunicaciones: la compra y activación de tarjetas SIM sin verificación de identidad. En esa fecha entrarán en vigor los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que obligan a vincular todas las líneas —incluidas las de prepago— a una persona física o moral mediante una identificación oficial y la CURP, o el RFC en el caso de empresas.

La decisión elimina décadas de anonimato en la telefonía celular, un entorno que permitió la proliferación de millones de líneas desechables sin trazabilidad real y que hoy se presenta como una de las causas estructurales del auge de la extorsión telefónica en el país.

Seguridad prometida, operadores bajo escrutinio

El gobierno sostiene que el registro obligatorio busca obstaculizar delitos como la extorsión, los secuestros virtuales y distintas modalidades de fraude que dependen de números imposibles de rastrear. La CRT asegura que los operadores —Telcel, AT&T, Movistar y otros— deberán resguardar la información de los usuarios bajo los mismos estándares aplicados al servicio pospago, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Sin embargo, esta promesa de seguridad contrasta con la realidad reciente del sector. En 2025, Telcel y AT&T fueron víctimas de filtraciones masivas que expusieron datos personales de millones de usuarios, incluyendo CURP, direcciones y, en algunos casos, información financiera. Una nueva brecha no sería un daño colateral menor: implicaría un riesgo directo de robo de identidad, fraudes dirigidos y extorsiones personalizadas. Paradójicamente, exactamente los delitos que esta regulación dice combatir.

El fin de las SIM anónimas y el fantasma del PANAUT

México era uno de los pocos países donde aún era posible activar una línea móvil sin acreditar identidad. Esa excepción desaparece. Las líneas existentes deberán regularizarse en un periodo que, según versiones no oficiales, concluiría en junio de 2026. Quienes no cumplan enfrentarán la suspensión y eventual cancelación del servicio.

El antecedente inmediato es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), creado en 2021 y anulado en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su carácter desproporcionado e invasivo. A diferencia de aquel esquema, los nuevos lineamientos no exigen datos biométricos ni concentran la información en una base estatal; el resguardo quedará en manos de los operadores privados. El riesgo, no obstante, no desaparece: simplemente se descentraliza.

Vacíos estructurales que la norma ignora

Pese a la obligatoriedad del registro, especialistas en ciberseguridad y organizaciones civiles coinciden en que su impacto real sobre la delincuencia será, en el mejor de los casos, marginal. El grueso de las extorsiones y estafas ya migró a servicios de voz sobre internet (VoIP) y a plataformas como WhatsApp, Telegram o Skype, que no dependen de una SIM mexicana ni están sujetas a este marco regulatorio.

A ello se suman prácticas ampliamente conocidas: spoofing, cuentas efímeras, VPN y numeración internacional que simula llamadas locales sin dejar un rastro verificable. El registro de líneas tradicionales no toca ninguno de estos frentes.

Otro punto crítico es la suplantación de identidad. Aunque los operadores deberán validar documentos frente a bases oficiales, la existencia de credenciales falsas y el mercado negro de datos personales facilitan que terceros registren líneas a nombre de víctimas inocentes. Cuando estas detectan la usurpación —al intentar contratar un servicio o recibir notificaciones anómalas—, los casos terminan en fiscalías y unidades cibernéticas saturadas, obligadas a solicitar videos de tiendas, registros de activación y rastreos de IMEI. El resultado suele ser el mismo: procesos lentos, inconclusos y sin responsables sancionados.

Por qué el registro es, desde su origen, poco funcional

Primero, la carga del registro recaerá casi exclusivamente en los usuarios comunes: ciudadanos que cumplen la ley, pagan impuestos y realizan sus trámites en regla. No existen incentivos reales para pensar que líderes del narcotráfico o ciberdelincuentes buscados por la justicia acudirán a registrar líneas a su nombre. En los hechos, el padrón capturará a los de siempre, mientras los verdaderos criminales quedarán fuera. Además, el registro incrementa la exposición al monitoreo y rastreo, un riesgo particularmente grave para periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

Segundo, el crimen organizado ha demostrado una capacidad constante de adaptación tecnológica. El uso de eSIM, servicios de VoIP, aplicaciones internacionales de comunicación y una mayor dependencia de redes sociales y mensajería les permite evadir con facilidad los controles asociados a las líneas móviles tradicionales.

Tercero, estas organizaciones pueden recurrir a esquemas ya conocidos para deslindarse de responsabilidades. Por un lado, mediante amenazas o extorsión a propietarios de call centers, a quienes obligan a realizar llamadas fraudulentas. Al estar las líneas registradas, son estos operadores quienes quedan expuestos a sanciones —incluso bajo sospecha de complicidad—, mientras los verdaderos responsables permanecen intocables. Por otro, pueden crear call centers propios, operarlos como empresas fachada o utilizarlos para lavado de dinero. Cuando estas estructuras son detectadas, suelen desaparecer sin dejar rastro.

Cuarto, incluso con un padrón de líneas, persisten fallas estructurales graves en la atención de denuncias. Las quejas ciudadanas suelen no atenderse o carecer de seguimiento; los procesos se diluyen en trámites lentos, ineficientes y estériles. Aun con evidencia clara, rara vez se identifica y sanciona a los responsables. En este contexto, el registro de telefonía celular no solo es insuficiente: corre el riesgo de convertirse en un ejercicio burocrático sin impacto real.

Seguridad retórica, privacidad en riesgo

El registro obligatorio de líneas móviles se presenta como una medida de control y trazabilidad frente a la extorsión telefónica. En la práctica, traslada el peso de la política pública a los ciudadanos y les exige confiar sus datos a empresas con antecedentes frágiles en materia de ciberseguridad.

Mientras tanto, el ecosistema donde hoy operan los grupos criminales —plataformas de mensajería, servicios basados en internet y esquemas transnacionales— permanece prácticamente intacto.

La CRT afirma que el objetivo es “restablecer la confianza” en la telefonía móvil. Pero esa confianza no se construirá con lineamientos ni discursos. Dependerá de algo mucho más complejo y hasta ahora ausente: resultados verificables, protección efectiva de los datos personales y una estrategia integral que ataque el problema del delito, no solo su capa más visible.

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* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP.

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