Quién es Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, cerebro empresarial detrás de la trama de huachicol fiscal

Roberto Blanco Cantú, también conocido como “El Señor de los buques”, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde septiembre de 2025.

Este empresario es señalado por las autoridades federales como el cerebro de una de las redes de contrabando de combustible más grandes documentadas en México: una operación que introdujo al país al menos 18 millones de litros de diésel ilícito a través de puertos marítimos, con documentación falsa, empresas fachada, identidades robadas y la complicidad de marinos, exjueces y funcionarios de aduanas. Hoy sus operadores caen uno a uno y él permanece prófugo.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Cuando la mayoría de los mexicanos escucha la palabra “huachicol”, piensa en personas que perforan ductos de Pemex para robar combustible. Eso existe, pero hay otra modalidad, menos visible y mucho más sofisticada, que las autoridades llaman huachicol fiscal.

El esquema funciona así: una empresa importa combustible desde Estados Unidos, pero en lugar de declarar que trae diésel o gasolina —productos que pagan aranceles e impuestos— declara que trae otra cosa: “aditivos para aceites lubricantes”, por ejemplo. De esa forma, el combustible entra al país sin pagar los impuestos correspondientes. Una vez adentro, se distribuye y se vende como si fuera legítimo.

El fraude no es solo contra el fisco. El combustible que no pagó impuestos compite en precio con el que sí los pagó, destruye el mercado formal y, según las autoridades mexicanas, ha generado pérdidas al erario de 500,000 millones de pesos.

Quién es Roberto Blanco Cantú y cómo construyó su red

Roberto Blanco Cantú es originario de Tamaulipas, tiene nacionalidad estadounidense y operaba desde oficinas en el Metropolitan Center de San Pedro Garza García, el municipio más rico de Nuevo León.

Ahí dirigía, entre otras empresas, Mefra Fletes, una compañía de transporte de hidrocarburos constituida en 2015 en Guadalajara con un permiso de la Comisión Nacional de Energía obtenido en 2019 con vigencia de 30 años.

Lo que las autoridades documentaron es que Mefra Fletes no era solo una empresa de transporte: era la pieza central de una red que incluía otras compañías y que contaba con más de 300 tractocamiones y 600 pipas distribuidos en al menos 15 estados del país.

Los propietarios originales de Mefra Fletes ni siquiera sabían que la empresa operaba a su nombre. Las acciones habrían pasado posteriormente a manos de Blanco Cantú y dos socios: José René Tijerina Mendoza, dueño de Autotransportes Montimex, y José Isabel Murguía Santiago, hermano de un exalcalde de Jalisco preso por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para constituir las empresas fachada, la red utilizó identidades robadas, según consignan las investigaciones de la FGR.

La Guardia Nacional detectó irregularidades en tractocamiones de Mefra Fletes desde enero de 2022. En un operativo en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, registrado en la tarjeta informativa 35/2022, elementos del cuerpo detuvieron tres vehículos de la empresa que presentaban la misma factura para justificar cargas distintas: cada camión transportaba hasta 48,000 litros de diésel, pero el documento solo amparaba 47,317 litros en total. Los tres camiones juntos movían más de 144,000 litros con un solo papel.

Blanco Cantú, también conocido como “Roberto Brown”, lleva más de una década operando este esquema, según periodistas que han seguido el caso.

El buque que lo delató

El 19 de marzo de 2025 llegó al puerto de Tampico, Tamaulipas, el buque Challenge Procyon. En sus documentos declaraba transportar “aditivos para aceites lubricantes”. Una inspección federal reveló que en realidad cargaba 10 millones de litros de diésel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, confirmó el aseguramiento días después. En los predios de Mefra Fletes en Altamira, municipio cercano a Tampico, las fuerzas federales encontraron ese diésel almacenado, además de 192 contenedores, 29 tractocamiones con remolque y seis sin él.

Simultáneamente, en Ensenada, Baja California, la SSPC halló casi 8 millones de litros de hidrocarburo almacenados de forma ilegal en un inmueble de la colonia El Sauzal. Las investigaciones vincularon ese combustible también con Mefra Fletes.

En el puerto de Manzanillo, el buque Torm Agnes descargó más de 2 millones de litros de combustible ilegal bajo la modalidad de “despacho en ausencia”, una figura que permite descargar mercancía sin que un funcionario esté presente físicamente. El exdirector de Asipona Guaymas, Ernesto Gastélum López, fue destituido tras confirmarse que había firmado permisos irregulares para esa operación. Las autoridades señalan que esa maniobra evidenció la complicidad institucional que sostenía toda la red.

En total, solo en marzo de 2025, las autoridades decomisaron 18 millones de litros de diésel entre Altamira y Ensenada.

Marinos, exjueces y cárteles: quiénes lo ayudaban

La red no habría podido funcionar sin complicidades dentro del Estado. Las investigaciones de la FGR, contenidas en la causa penal 216/2025, identificaron la participación de funcionarios de aduanas, marinos en activo, marinos retirados y un exjuez federal.

Anuar González Hemadi, exjuez federal y antiguo apoderado legal de Mefra Fletes, fue detenido en septiembre de 2025. En ese mismo operativo cayeron 14 personas en total: tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas, según confirmó García Harfuch en conferencia de prensa el 7 de septiembre de 2025.

En el nivel más alto de la red estarían los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina, la institución que controla las 17 aduanas marítimas del país. Manuel Roberto fue detenido en septiembre de 2025. Fernando logró huir: ingresó a Argentina el 1 de abril de 2026 con un pasaporte guatemalteco apócrifo y fue capturado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires.

Este 11 de mayo de 2026 fue trasladado a un Centro de Reclusión Preventiva en la capital argentina, donde anticipó que solicitará asilo político para evitar su extradición.

Los vínculos con el crimen organizado también están documentados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado conexiones entre las empresas de Blanco Cantú y estructuras de lavado de dinero del narcotráfico. Según reportes de inteligencia, parte de los recursos generados por la red habría financiado operaciones armadas del CJNG.

Sin embargo, el hermano mayor de Roberto, Rigoberto Blanco Cantú, fue arrestado por el FBI en 2022 por operar una red de extorsión aduanal vinculada a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, por lo que se piensa que también se relaciona con el Cártel del Noreste.

Amparos, fuga y el cerco que se cierra

Cuando las investigaciones comenzaron a apuntarle directamente, Blanco Cantú recurrió al sistema judicial para protegerse. El empresario presentó al menos dos solicitudes de amparo antes de que se formalizara su orden de aprehensión: una el 26 de junio de 2025 en un juzgado de distrito de Nuevo León —que no prosperó porque faltaba su firma— y otra el 7 de julio del mismo año.

En septiembre de 2025, un juez de Baja California emitió una orden de aprehensión formal contra Blanco Cantú. En febrero de 2026 presentó un nuevo amparo: primero ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, que lo remitió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien admitió la demanda.

En ese escrito reclamó protección frente al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Federal en Almoloya de Juárez, y exigió garantías contra posibles actos de “privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos, tormento físico y psicológico, desaparición forzada de persona, así como orden de aprehensión y detención”.

El cerco se estrechó el 9 de mayo de 2026, cuando elementos de la FGR, la Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional catearon cuatro propiedades en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, Nuevo León.

En los operativos detuvieron a José Antonio “N”, alias Titán, identificado como uno de los principales operadores de Blanco Cantú y líder de una célula dedicada al contrabando de combustible y al manejo de recursos de procedencia ilícita. También cayeron Jesse “N”, operador de la misma estructura; Rosario “N”, colaboradora cercana de Titán; y Juan de Dios “N”, escolta.

En los inmuebles cateados las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, 11 vehículos de alta gama, seis motocicletas, equipos de cómputo, máquinas contadoras de dinero, droga, cartuchos y una cantidad de efectivo pendiente de contabilizar. Entre los hallazgos figuraron también fauna exótica, bienes de lujo y 7 tigres, que quedaron bajo resguardo de las instituciones participantes. Las autoridades señalan que los animales y los bienes de lujo formarían parte del esquema de lavado y ocultamiento patrimonial de la organización.

Como parte de la respuesta institucional al caso, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó cambios en la administración de puertos. García Harfuch asumió la dirección de la estrategia de seguridad, y fueron designados Israel Benítez López en Pemex Logística y César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos para reforzar la fiscalización de operaciones aduaneras y portuarias.

Roberto Blanco Cantú permanece prófugo hasta hoy.