Profesionales de la salud exigen tratar al aborto como tema de salud pública, piden sacarlo del Código Penal

A pesar de los avances jurídicos registrados en los últimos años, el aborto sigue siendo tratado como delito en México. Así lo advierte la red Salvemos Miles de Vidas México, integrada por profesionales de la salud de diversas entidades, quienes denuncian que ninguna entidad federativa ha eliminado completamente el aborto de su Código Penal, lo que mantiene en la incertidumbre tanto a mujeres y personas con posibilidad de gestar como al personal médico que brinda atención cotidiana.

La red subrayó que, al concluir 2025, el aborto continúa siendo el único servicio de salud regulado desde el ámbito penal, una situación que —afirman— genera riesgos innecesarios, obstaculiza el acceso a servicios seguros y perpetúa la discriminación dentro del sistema de salud.

Penalización del aborto mantiene riesgos para pacientes y personal de salud

Desde consultorios, áreas de urgencias y clínicas comunitarias, las y los profesionales reportaron que la criminalización no evita que las personas aborten, pero sí incrementa los riesgos asociados a procedimientos inseguros y retrasa la atención médica oportuna. Además, señalaron que la penalización inhibe la labor del personal de salud, que enfrenta el temor constante de ser criminalizado por cumplir con su trabajo.

“La penalización del aborto no lo impide. Basta con pasar un día en urgencias para constatar que siguen llegando personas con complicaciones por abortos inseguros”, señaló la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y el Estado de México. Enfatizó que el derecho a la salud es un derecho humano y que el marco legal actual vulnera ese principio.

Las profesionales también advirtieron que esta situación impacta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres en contextos de mayor precariedad, así como a quienes viven lejos de centros de salud. La criminalización, agregan, refuerza prejuicios y prácticas discriminatorias en la atención médica.

La doctora Joselyn Rivera Vilchis, médica radicada en León, Guanajuato, recordó que en esa entidad se rechazaron iniciativas para despenalizar el aborto voluntario en junio y diciembre de 2025.

“Decir que penalizar el aborto protege a las mujeres es falso. La criminalización desincentiva la atención postaborto y empuja a buscar opciones fuera de los servicios de salud”, afirmó.

SCJN declaró inconstitucional la criminalización, pero persiste el rezago legal

El posicionamiento de la red médica se da en un contexto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió fallos clave. Desde 2021, el máximo tribunal determinó que la criminalización total del aborto es inconstitucional y reconoció el derecho de las personas a decidir.

En 2023, ordenó eliminar el delito del Código Penal Federal y armonizar las legislaciones estatales. Sin embargo, las y los profesionales señalan que el cumplimiento ha sido desigual.

Aunque algunos estados permiten la interrupción del embarazo bajo ciertos plazos, ninguno ha retirado completamente el delito de sus códigos penales, lo que perpetúa una geografía desigual de derechos en el país.

“El acceso al aborto seguro no debería depender del lugar donde se vive ni de la situación económica”, señaló la psicóloga Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, quien ejerce en Michoacán.

En el mismo sentido, la doctora Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera en Morelos, advirtió que la falta de certeza legal afecta tanto a pacientes como al personal de salud.

Ante este panorama, la red Salvemos Miles de Vidas México hizo un llamado para que 2026 sea el año en que el Congreso de la Unión y los congresos estatales eliminen definitivamente el aborto de los códigos penales y adopten un enfoque de salud pública que garantice atención segura, digna y libre de violencia para todas las personas.