El 45.2% de las personas mayores de 18 años en México, que interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, experimentaron algún acto de corrupción durante el primer semestre del 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y otras fuentes oficiales, del total de víctimas, la incidencia fue mayor en hombres, con 49.9 %, frente a 36.8 % en mujeres.
Sin embargo, precisó que el fenómeno de la corrupción no se limita al ámbito de la seguridad pública, al señalar que en el mismo periodo un 8.9% de las personas adultas que realizaron trámites, pagos o solicitudes de servicios ante servidores públicos en áreas urbanas también fueron víctimas de corrupción, de las cuales 10.2% fueron hombres y 7.9% mujeres.
El INEGI aclara que estas diferencias son estadísticamente significativas en todos los semestres analizados.
En el ámbito empresarial, el reporte indicó que 169 mil 769 empresas, equivalentes al 3.5% del total nacional, reportaron haber sido afectados por dicho delito en 2023.
Aunque esta cifra representa una disminución respecto a 2017, cuando se registró el nivel más alto de la década, la problemática persiste con particular intensidad en las empresas medianas.
Estas reportaron una prevalencia de 8.4%, lo que significa que, por cada microempresa afectada, hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación.
El análisis sectorial no muestra diferencias estadísticamente significativas entre los sectores de comercio, industria y servicios.
En el informe, el INEGI detalló que la corrupción empresarial se define como cualquier situación en la que una persona servidora pública, directamente o a través de terceros, solicita o genera condiciones para obtener dinero, regalos o favores a cambio de agilizar, aprobar o evitar trámites. La ENVE es la fuente principal de estos datos, que abarcan el periodo 2014-2024.
En cuanto a la respuesta institucional, el documento señala que durante 2023 se iniciaron 40 mil 145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la Administración Pública Federal (APF), lo que equivale a una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil servidores públicos.
Estas investigaciones, a cargo de los Órganos Internos de Control (OIC), pueden derivar en sanciones si se comprueba la responsabilidad de los implicados. A nivel estatal, la tasa fue aún mayor, con 34.6 investigaciones por cada mil servidores públicos. Destacan los casos de Quintana Roo y Chihuahua, donde se superaron las 130 investigaciones por cada mil empleados públicos estatales.
El informe precisa que “las faltas administrativas ocurren cuando las personas servidoras públicas cometen actos u omisiones que incumplen o transgreden los principios y obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)”. Esta definición enmarca el tipo de conductas que motivan la apertura de investigaciones y, eventualmente, la imposición de sanciones.
¿Cuántas sanciones hay por corrupción?
En el rubro de sanciones, 2 mil 341 servidores públicos federales fueron sancionados en 2023, lo que representa una tasa de 14.4 por cada 10 mil empleados de la APF.
A nivel estatal, las diferencias entre entidades son notables. el Estado de México y Campeche encabezan la lista con 103.1 y 81.0 sancionados por cada 10 mil servidores públicos, respectivamente. En contraste, en Baja California Sur y Colima no se registraron sanciones durante el año analizado.
El INEGI subraya que “las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas para todos los semestres” en la prevalencia de corrupción al interactuar con autoridades de seguridad pública, salvo en el segundo semestre de 2020.
Además, el organismo aclara que la información de Hidalgo y Morelos no se incluyó en algunos indicadores estatales debido a la falta de datos completos o entregados oportunamente.
El reporte también destaca que, en 2023, la tasa de investigaciones iniciadas por cada mil servidores públicos federales fue de 24.8, mientras que la tasa de personal sancionado alcanzó 14.4 por cada 10 mil. En el ámbito estatal, la tasa de investigaciones fue de 34.6 por cada mil y la de sanciones de 24.7 por cada 10 mil.
Estos datos, presentados por el INEGI en su comunicado de prensa 154/25, ofrecen una radiografía actualizada de la corrupción en México, tanto en la experiencia cotidiana de la ciudadanía como en el entorno empresarial y la administración pública.
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