El Senado aprueba la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, envía al Ejecutivo Federal

El Senado de México aprobó la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, tras un extenso debate que concluyó con el envío del proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para su publicación. Con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, la cámara alta respaldó el dictamen remitido previamente por la Cámara de Diputados, lo que permitirá establecer nuevas directrices para el acceso, uso y gestión del recurso hídrico en el país.

La votación, realizada en dos etapas, contó primero con el respaldo mayoritario al proyecto original. Posteriormente, se sometieron a discusión diversas reservas presentadas por senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, que buscaban modificar artículos específicos de la propuesta. Estas propuestas de cambio fueron rechazadas y el documento se aprobó conforme estaba planteado, con 82 votos a favor y 34 en contra en la votación particular.

Entre las intervenciones destacadas, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso reformar el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales. Su reserva fue sometida a votación electrónica en el pleno y quedó desestimada, recibiendo 35 votos a favor y 69 en contra, lo que consolidó la versión definitiva impulsada por la mayoría.

El nuevo marco legal establece las bases, apoyos y modalidades para un acceso equitativo y sustentable al agua, reconociendo su carácter de derecho humano y su conexión con otras garantías individuales. La ley contiene disposiciones orientadas a garantizar el consumo personal y doméstico, la disposición y el saneamiento del agua, en línea con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México.

Además, el proyecto aprobado define los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para la tutela y gestión del recurso, así como los procedimientos para la participación social en la toma de decisiones y en las acciones de preservación. El documento incorpora criterios de equidad de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracionalidad, enfoque ecosistémico y atención a la diversidad etaria en la gestión y gobernanza del agua.

El dictamen contempla el fortalecimiento de los servicios públicos relacionados con agua potable y saneamiento, además de consolidar instancias de participación ciudadana y criterios de equidad en la administración y distribución del vital líquido. De acuerdo a lo informado por el Senado, una vez publicada, la Ley General de Aguas marcará un nuevo estándar nacional en la protección del derecho al acceso y uso sustentable de los recursos hídricos.

Ley General de Aguas, estos son los puntos clave

• Reconoce de manera expresa el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico.
• Determina que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua.
• Elimina la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares.
• Las concesiones de agua que no sean utilizadas serán recuperadas por Conagua para su reasignación.
• Incorpora un catálogo de delitos hídricos que serán perseguidos de oficio.
• Establece bases de políticas públicas con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad en la gestión del agua.
• Introduce el concepto de responsabilidad hídrica como criterio para el acceso y uso sostenible.
• Transforma el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua.
• Modifica la estructura de pago de cuotas para evitar el acaparamiento del recurso.
• Establece reglas claras y específicas para las concesiones de uso agrario.
• Refuerza la detección de usos irregulares de agua y endurece el régimen de sanciones.
• Vincula el agua a la Estrategia Nacional Hídrica.
• Fortalece las atribuciones de los Organismos Operadores en extracción, potabilización, distribución y drenaje.
• Obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en un plazo de 180 días tras la publicación de la Ley.
• Ordena la creación de un Órgano Interno de Control para prevenir, investigar y sancionar violaciones al derecho humano al agua.
• Señala la necesidad de mantener el diálogo con el sector agrícola para garantizar que el agua sea utilizada en la producción de alimentos.