Diputados proponen castigar con cárcel el uso de inteligencia artificial en robo de identidad

El avance de la inteligencia artificial ha transformado la manera en que se cometen delitos digitales, lo que ha motivado al diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra a presentar una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y tipificar como delito grave el uso de estas tecnologías en el robo de identidad.

La propuesta contempla penas de cuatro a diez años de prisión y multas de hasta mil días para quienes utilicen inteligencia artificial o tecnologías de la información con el fin de obtener, poseer, utilizar, transferir, reproducir o manipular datos personales, imágenes, videos, audios u otros elementos identificativos de una persona sin su consentimiento, con el objetivo de suplantar su identidad para obtener un beneficio indebido o causar un daño.

Dicha iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, introduce la fracción XVII al artículo 11 Bis y el capítulo I Bis, denominado “Robo de identidad”, que incluye los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties. En estos apartados se establece que la pena aumentará a la mitad cuando el delito se cometa para realizar fraudes, generar desinformación o desprestigio, especialmente si se recurre a la clonación digital del aspecto físico o la voz de la víctima.

Además, las sanciones económicas previstas se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, la cual contempla una multa de 400 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la eliminación inmediata del contenido suplantado.

El diputado Márquez Becerra argumenta que el delito de robo de identidad, tradicionalmente vinculado a la falsificación de documentos, ha evolucionado con el desarrollo tecnológico, permitiendo nuevas formas de fraude y manipulación digital.

Según la exposición de motivos, los algoritmos avanzados posibilitan la creación de imágenes, videos y audios que replican con precisión la voz y el rostro de una persona sin su conocimiento ni consentimiento, lo que pone en riesgo tanto la reputación como la integridad financiera y la seguridad personal de los ciudadanos.

La propuesta también detalla las distintas modalidades de fraudes cibernéticos que afectan a los usuarios. Entre ellas se encuentra el smishing, que consiste en el envío de mensajes de texto al teléfono móvil para inducir a la víctima a visitar una página web fraudulenta y así obtener información personal.

El phishing, conocido como suplantación de identidad en el ámbito financiero, implica hacerse pasar por una institución bancaria para obtener datos confidenciales como contraseñas, números de tarjetas y claves. El vishing se refiere a la simulación de llamadas de empleados bancarios para solicitar información personal, mientras que el pharming redirige a los usuarios a páginas de internet falsas mediante ventanas emergentes con el fin de robar información.

Márquez Becerra sostiene que el progreso tecnológico debe ir acompañado de marcos normativos que salvaguarden los derechos individuales y colectivos. En este sentido, la reforma busca equilibrar la innovación con la responsabilidad social, asegurando que el uso indebido de la inteligencia artificial sea sancionado y se reduzca la incidencia de prácticas no autorizadas.