Señalan a consejero de la Judicatura de Puebla de no cumplir con la ley para ejercer su cargo

En días pasados, diversas asociaciones de abogados del estado de Puebla solicitaron formalmente al Senado de la República revisar el caso del consejero del Poder Judicial, Pedro Antonio Martínez Hernández, al señalar que no cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo dentro del Consejo de la Judicatura estatal, además de acusarlo por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Los juristas dirigieron su petición directamente a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, así como a integrantes de la Cámara Alta, a quienes pidieron no omitir las alertas que servidores del propio Poder Judicial habrían señalado antes y durante su designación.

De acuerdo con las asociaciones de abogados, el funcionario no cumpliría con las condiciones que exige el marco normativo vigente, como la edad mínima establecida para desempeñar el cargo y los años de experiencia profesional necesarios para garantizar un perfil idóneo en la impartición y administración de justicia.

Periodista señala los requisitos que no cumple

En ese sentido, el periodista Hiroshi Takahashi expuso en su columna El Espectador que la legislación requiere que cualquier integrante del Consejo de la Judicatura cuente con al menos 35 años de edad y una trayectoria comprobada de al menos 10 años en el ejercicio profesional del derecho. Sin embargo, señaló que en el expediente público de Martínez Hernández existen incongruencias que impedirían comprobar que cumple dichas obligaciones.

“No es una recomendación ética ni un adorno jurídico: es una barrera pensada para evitar que un operador político en ascenso convierta la justicia en oficina de control de daños. Ahí es donde el expediente público de Martínez Hernández no cuadra”, subrayó el comunicador.

Asimismo, citó en su análisis lo publicado en La Jornada de Oriente, donde se afirma que el nuevo consejero tendría apenas 29 años y carecería de experiencia tanto en el Poder Judicial como en la operación del Consejo de la Judicatura, “aunque cuenta con un elemento clave en la política estatal: una marcada cercanía con el partido Morena y fama de operador político con resultados”.

“Más grave aún es lo que ya se susurra en voz alta entre jueces y magistrados: presuntas llamadas, mensajes, “sugerencias” sobre el sentido de resoluciones en asuntos con montos millonarios o pleitos entre particulares de alto calibre", remata el analista.

Para los observadores del acontecer judicial, el fondo de este caso no es únicamente una controversia mediática. De confirmarse la falta de requisitos legales, la situación podría escalar a un escenario grave para el sistema de justicia en Puebla, pues se abriría la puerta a la posible nulidad de los actos y decisiones que haya tomado Martínez Hernández en su calidad de consejero.

Ante este panorama, los abogados poblanos advirtieron que continuarán insistiendo en que la Cámara Alta realice una revisión exhaustiva que garantice el estricto cumplimiento de la ley y preserve la legitimidad de las instituciones judiciales en el estado.