En diciembre de 2022 estalló el conflicto entre los gobiernos de México y Perú, luego que Andrés Manuel López Obrador llamó “usurpadora” a Dina Boluarte, quien asumió el poder tras el intento fallido del izquierdista Pedro Castillo de un autogolpe de Estado.
A partir de entonces, los gobiernos de ambas naciones solicitaron el retiro de sus respectivos embajadores y aunque ambas naciones tienen nuevos presidentes, persiste el diferendo diplomático.
La salida de la encargada de negocios de México en Lima, Karla Ornelas, marca un nuevo episodio en la escalada diplomática entre Perú y el gobierno mexicano, tras la concesión de asilo a la ex primera ministra Bettsy Chávez, procesada por rebelión en el contexto del fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022.
La Superintendencia Nacional de Migraciones informó a través de la red social X que “en la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de México realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”.
La expulsión de Ornelas se produce después de que el Ejecutivo liderado por José Jerí decidiera romper relaciones bilaterales con México, una medida adoptada a principios de la semana tras conocerse el asilo otorgado a Chávez.
El Ministerio de Exteriores peruano, durante el fin de semana, comunicó que había evaluado la solicitud de salvoconducto para la ex primera ministra y concluyó que “se ha producido una evolución negativa en (la) práctica internacional” de la Convención de Caracas, el tratado que regula el asilo político en la región.
Según la cartera diplomática, “en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. El Gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas”.
Además, el Ministerio anunció que “planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta de modificación” del texto adoptado en 1954 “para evitar que esta tergiversación (...) continúe ocurriendo”.
La crisis diplomática se intensificó menos de dos meses después de que la Justicia peruana impusiera a Chávez la obligación de contar con autorización judicial para ausentarse de Lima y la exigencia de un control biométrico semanal, al considerar que existía riesgo de fuga.
El Tribunal Constitucional ordenó su liberación la semana pasada, tras varios días de huelga de hambre y al declarar fundado el recurso de agravio constitucional presentado por su defensa.
Hasta ese momento, Chávez permaneció recluida en una prisión de la provincia de Lima, luego de que en junio de 2023 se le dictara prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión y conspiración vinculada al intento de autogolpe de Castillo.
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