Un juez de control dio a conocer la vinculación a proceso de Uriel “N”, por el delito de abuso sexual agravado. En esta ocasión es por la agresión en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre mientras salía de Palacio Nacional.
Con esta es la segunda vinculación a proceso que el sujeto enfrenta, pues la que se dio a conocer el pasado 7 de noviembre, fue por una denuncia presentada por una joven de 25 años que fue agredida sexualmente en las calles del Centro Histórico el 4 de noviembre; mismo día en que atacó a la presidenta y a una tercera mujer.
El hombre de 33 años permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y de acuerdo a la información que Infobae México pudo obtener, se tendrá un plazo de dos meses para finalizar las investigaciones y permanecerá en el Reclusorio Oriente de la capital mexicana.
Tras lograr su identificación y detención las autoridades de la Ciudad de México informaron los siguiente:
“De acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el detenido está probablemente relacionado con el acoso cometido en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el acoso a una tercera mujer en las calles Bolívar y Tacuba”, por lo que finalmente fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Esta es la pena que podría enfrentar Uriel “N” por el delito de abuso sexual
De acuerdo con las versiones oficiales, Uriel “N” fue detenido el pasado 4 de noviembre luego de que una joven pidiera ayuda tras haber sido atacada durante la noche en las calles del Centro Histórico de la CDMX. Posteriormente se identificó que dicho sujeto fue el mismo que atacó a la mandataria y a otra mujer cuya identidad no fue revelada.
Este tipo de conducta encuadra en el delito de abuso sexual, previsto en el artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México, que establece una sanción de uno a seis años de prisión para quien, sin consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual sobre otra persona o la obligue a realizarlo.
La pena puede aumentar si existen agravantes, como haber cometido el delito en un espacio público, haber ejercido violencia física o moral, o si el agresor se valió de una posición de poder o autoridad. En esos casos, la sanción puede incrementarse hasta en dos terceras partes, alcanzando incluso cerca de diez años de prisión.
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