DDHH de Nuevo León acredita detención arbitraria contra periodista que fue esposada tras cuestionar al edil de Cadereyta

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió la Recomendación 06/2025 dirigida al presidente municipal de Cadereyta Jiménez, Carlos Rodríguez Gómez, y al secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Rubén Aguilar Torres, tras acreditar violaciones a los derechos humanos de la periodista agredida, Ana Ronquillo, mientras realizaba su labor informativa.

De acuerdo con la investigación del organismo, se comprobó la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, libertad personal, integridad física, dignidad, libertad de trabajo y una vida libre de violencia, cometidas por personal del municipio y elementos policiales durante hechos ocurridos el pasado 14 de marzo de 2025.

Ese día, la reportera, colaboradora del medio Brújula Noticias, acudió a cubrir la primera sesión ordinaria del Cabildo de Cadereyta. Aunque llegó en horario laboral, personal municipal le negó el acceso con el argumento de que la sesión ya había comenzado.

Posteriormente, al intentar entrevistar al alcalde sobre el estado y origen de varias patrullas que recientemente se habían adquirido por la administración municipal y que supuestamente eran nuevas, aunque eran del 2023, fue interceptada por varias personas, servidoras públicas.

Periodista fue esposada violando sus derechos

Una policía municipal le colocó esposas, la privó de su libertad y la obligó a abandonar el edificio, en un acto que la CEDHNL calificó como censura previa e impedimento directo al ejercicio periodístico.

“Me quitaron las esposas en un área más discreta, fuera de la vista de las personas. Evidentemente, no querían que quedara tan expuesto que no estaba cometiendo ningún delito real”, había declarado en marzo pasado la periodista a Infobae México.

La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, sostuvo que la actuación de las autoridades municipales constituyó un uso excesivo de la fuerza y un trato indigno hacia la comunicadora, además de ser una detención arbitraria que atentó contra su libertad personal.

“La agresión se dio en un contexto de vulnerabilidad hacia una mujer periodista en el cumplimiento de su labor. Se afectó el derecho a la libertad de expresión, esencial para el ejercicio democrático y el acceso a la información de toda la sociedad”, enfatizó Méndez Arellano.

Entre los puntos recomendatorios que deberán cumplir las autoridades municipales se encuentran:

1. Brindar atención psicológica a la víctima.
2. Dar vista al Órgano Interno de Control para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
3. Publicar la resolución en los medios oficiales del Municipio.
4. Capacitar al personal en derechos humanos, libertad de expresión y uso legítimo de la fuerza.
5. Participar en una mesa de trabajo con periodistas, organizaciones civiles y especialistas.
6. Emitir directrices claras para garantizar el libre ejercicio del periodismo.
7. Colaborar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León.

La CEDHNL reiteró que continuará vigilante del cumplimiento de la recomendación.