
El penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, se ha convertido en uno de los centros penitenciarios más conflictivos de México por una serie de hechos graves que han evidenciado los riesgos y carencias en el sistema penitenciario estatal: fugas, riñas, así como el hallazgo de túneles y muertes violentas han marcado la historia reciente del lugar.
El Centro Penitenciario de Aguaruto abrió sus puertas en 1986, y se estimaba que podría albergar a cerca de ochocientos internos de toda la región, aunque para mayo de este año ya se había contabilizado cerca de 2 mil 446 reos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
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Tras una fuga múltiple de 2017, el gobierno estatal invirtió 76 millones de pesos en la construcción de dos módulos de seguridad, sin embargo, estos esfuerzos han resultado insuficientes para mantener el control al interior pues aún con esta inversión se han registrado múltiples escapes, riñas y fallas en la seguridad.
Uno de los hechos más notorios ocurrió el 17 de marzo de 2017, cuando Juan José Esparragoza Monzón, alias “El Azulito” e hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” (cofundador del Cártel de Sinaloa), se fugó junto a otros cuatro internos que integraban la célula de la organización delictiva.
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Autoridades detallaron que la alarma del penal se activó después de que los internos burlaron la vigilancia y escaparon ocultos en un vehículo con supuesto cargamento de madera
De acuerdo con medios locales, los reos que escaparon tenían el control del penal, acceso a teléfonos, fiestas y drogas. El episodio expuso la facilidad para que reos considerados peligrosos evadieron la justicia, pues según dijo entonces el subsecretario de seguridad estatal, Cristóbal Castañeda, los internos pudieron organizar una fiesta de despedida horas antes del escape.
Tras la huida, “El Azulito” permaneció prófugo hasta que en 2021 se reportó su fallecimiento en una clínica de Culiacán debido a complicaciones derivadas de la Covid-19.
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Para el 17 de octubre de 2019 el penal fue nuevamente escenario de un escape masivo, mismo que más tarde se identificó como parte del llamado "Culiacanazo", vinculado a la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Mientras la ciudad atravesaba enfrentamientos, al menos 51 reos lograron huir durante un motín que desató disturbios en los módulos del centro penitenciario. Entre los fugados se encontraban miembros del Cártel de Sinaloa. Entre los implicados se encontraban:
Jesús Peña González “El 20”, presunto jefe de seguridad de Ismael “El Mayo” Zambada; Rafael Guadalupe Félix Núñez “Changuito Ántrax”, jefe de sicarios de Los Ántrax; Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal y Alfonso Limón Sánchez, brazo operativo de “El Mayo”.
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Finalmente, durante 2025, el Centro Penitenciario de Aguaruto enfrentó nuevos episodios de violencia al registrarse un motín el 21 de mayo que dejó un saldo blanco, según informó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Durante las revisiones posteriores, las autoridades identificaron un túnel de 15 metros de largo y cinco de profundidad, que fue inmediatamente sellado. Por otra parte, fueron asegurados un arsenal de once armas largas, catorce cortas, explosivos, drogas y sistemas de internet satelital Starlink empleados por los internos.
Para octubre de 2025, en el contexto del aniversario del “Culiacanazo”, se registró una riña con saldo de un reo sin vida y al menos tres lesionados dentro de las instalaciones, además del uso de armas de fuego y el acceso a teléfonos celulares.
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Por ello, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, señaló que estos incidentes reflejan la persistencia de autogobiernos y corrupción dentro de los penales, situación que, según sus declaraciones, no se resolverá únicamente con cambios administrativos.
Según el funcionario, la raíz del problema está vinculada tanto a la antigüedad de las instalaciones (lo que facilita el ocultamiento de objetos prohibidos), como a la deficiente gestión interna, factores que permiten el ingreso constante de arsenales, antenas y teléfonos.
“Cada vez que hacen una revisión siguen encontrando y nunca termina esto”, afirmó Loza Ochoa, quien subrayó que la corrupción y la falta de control perpetúan estos hechos.
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