Impuesto a refrescos en México: esto acordó el gobierno con las empresas para reducir el consumo de bebidas azucaradas

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta semana concretó un acuerdo con las principales empresas refresqueras enfocado en reducir el consumo de bebidas azucaradas, como parte de la estrategia nacional de salud para prevenir enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.

La mandataria indicó que la meta de esta nueva política no es recaudatoria, sino preventiva, destacando los daños que genera el consumo excesivo de azúcar.

“El objetivo es prevenir, prevenir, prevenir. El objetivo es la salud de las y los mexicanos”, dijo en su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre, en Palacio Nacional.

¿En qué consiste el acuerdo entre el gobierno y las refresqueras?

Este esquema derivó en una negociación directa entre la administración federal y la industria, que solicitaba condiciones distintas para los productos sin azúcar.

Funcionarios del sector salud expusieron que el actual IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para bebidas azucaradas se mantiene en 3.08 pesos por litro.

Sin embargo, el gravamen para las versiones light, cero calorías o de dieta, pasa a ser de 1.50 pesos por litro, una diferencia relevante respecto a la propuesta inicial que buscaba homologar todos los refrescos, con o sin azúcar, bajo la misma tasa.

A cambio de esta distinción en el impuesto, las empresas se han comprometido a cuatro acciones que buscan impactar verdaderamente en los patrones de consumo: la primera es la reformulación de los refrescos con azúcar.

En este sentido, Coca-Cola comunicó que para octubre de 2027, el 70% de su portafolio clásico ofrecerá 30 por ciento menos azúcar, un ajuste que tendrá vigilancia directa de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

Se busca así que el consumidor, aun si persiste en la ingesta, lo haga bajo un menor riesgo.

El segundo punto es asegurar que las alternativas light o cero resulten significativamente más accesibles para el consumidor que las versiones azucaradas. El gobierno argumenta que este diferencial en precios incentiva a migrar hacia opciones menos dañinas.

La tercera obligación asumida por las empresas es redefinir su publicidad: deben evitar utilizar imágenes, mensajes o referencias dirigidas a niños y adolescentes, de modo que las juventudes no sientan atractivo por estos productos. No podrán tampoco publicitar grandes presentaciones, como botellas de dos o tres litros, en tanto la promoción deberá concentrarse en las versiones de menor contenido calórico y menor volumen.

El subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes resaltó la importancia de que estos compromisos estén a la vista de toda la sociedad.

“No lo estamos haciendo a escondidas... son compromisos públicos y medibles”, afirmó en la conferencia de la presienta.

Remarcó que serán los propios consumidores y medios quienes supervisen el cumplimiento y que, en caso contrario, el Estado cuenta con herramientas para responder con medidas más estrictas.

Paralelamente, la Secretaría de Salud iniciará una intensa campaña de información para concientizar a la población sobre los peligros de las bebidas ultra procesadas.

Además, el programa escolar “Vive saludable, vive feliz” promoverá hábitos sanos desde la infancia en las escuelas públicas, contribuyendo a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de azúcar.

El acuerdo, según recalcaron las autoridades, no responde a intereses partidistas ni a presiones de cabildeo, sino que es fruto de negociación transparente y busca un solo fin: disminuir en México el consumo de bebidas azucaradas y sus secuelas en la salud social.