Imponen condena de 50 años a indígena otomí, en un proceso penal sin traductor ni acompañamiento intercultural

María Guadalupe Martínez, mujer otomí originaria del Estado de México, enfrenta una condena de 50 años de prisión por presunto secuestro, sentencia confirmada en los juzgados de Almoloya de Juárez. Su proceso empezó cuando la actual pareja de su expareja y padre de sus hijos la denunció por este delito.

Antes de esa acusación, Martínez ya había sido señalada por abuso sexual y tentativa de feminicidio, cargos de los que fue absuelta. Las denuncias surgieron después de que intentara obtener una pensión alimenticia para sus dos hijos menores tras una relación marcada por la violencia y los conflictos.

En julio de 2022, Martínez fue detenida, desde ese momento, no tuvo acceso a traductora de su lengua materna, otomí, hasta el día en que se le dictó sentencia. Durante todo el proceso, su defensa denunció graves violaciones a derechos humanos y la ausencia de una perspectiva intercultural adecuada. Las pruebas presentadas por su equipo legal para demostrar su inocencia fueron rechazadas sistemáticamente, lo que debilitó su defensa.

De acuerdo con la defensa de la madre, tanto el juez Víctor Martín Mejía Hernández del Poder Judicial del Estado de México como el Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes actuaron con un expediente lleno de omisiones e irregularidades.

La historia, ampliamente seguida por colectivas feministas y organizaciones sociales, gira alrededor de acusaciones promovidas “sin fundamento” por la actual pareja del excompañero de Martínez, lo que, según la defensa, ha derivado en un caso marcado por represalias y un daño profundo a los derechos humanos elementales.

Exclusión lingüística, daño social y exigencia de revisión

Durante su proceso en el sistema penal, Martínez no contó con una traducción adecuada a su lengua materna, el otomí, lo que impidió su plena comprensión de los cargos y los procedimientos legales. El acceso a una traductora llegó únicamente el día de la sentencia, práctica opuesta al debido proceso y resaltada reiteradamente por quienes la apoyan.

De acuerdo con la defensa y organizaciones sociales, encabezadas por el equipo legal de Gabriela Amores, la actuación del juez Víctor Martín Mejía Hernández y del Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes muestran una desestimación constante de pruebas de inocencia y recursos presentados.

Mientras permanece en su domicilio en Temoaya gracias al uso de un brazalete electrónico, la vida cotidiana de Guadalupe Martínez sigue alterada por la medida cautelar. La custodia y cuidado de los niños ha recaído en los abuelos maternos. En redes sociales, la etiqueta #JusticiaParaLupita recoge el llamado de feministas e indígenas para que las autoridades revisen el caso bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.