Las comunidades serranas de Badiraguato, Sinaloa, han perdido en las últimas semanas a decenas de familias que han abandonado su hogar ante el recrudecimiento de la violencia ligada a la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
Las balaceras, el uso de artefactos explosivos lanzados con drones y los cortes de energía, relatados por habitantes de comunidades como Huixiopa, La Tuna, Bacacoragua, La Lapara, El Chorro, La Palma, Potrero de la Vainilla, San José del Barranco y Sabanillas, han transformado la región en un escenario de guerra cotidiana.
“Toda la noche detonaron ráfagas y se escuchaba un dron que lanzaba explosivos”, describió una mujer de Bacacoragua en entrevista con el medio Revista Espejo. Las calles de estos pueblos permanecen bajo el control de grupos armados que patrullan, vigilan y bloquean los accesos, haciendo imposible la vida civil y propiciando el éxodo.
La guerra, los bandos y el éxodo de la sierra
El municipio de Badiraguato se encuentra enclavado en el llamado Triángulo Dorado, territorio montañoso clave en la historia del narcotráfico mexicano y cuna de figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, Pedro Avilés Pérez, y los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leyva, quienes formaron parte de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, la lucha por el control criminal en la región se acentuó, al punto de vaciar poblados enteros como El Chorro, La Palma y Potrero de la Vainilla. Según El Sol de Sinaloa, las autoridades municipales y estatales tienen identificadas al menos 100 familias desplazadas, lo que representa cerca de 450 personas. Organizaciones apuntan a que la cifra supera los 700.
El conflicto armado ha llevado a algunas familias a refugiarse en la capital, Culiacán. Muchas de ellas carecen de productos básicos, como narró Lorena a Ríodoce tras abandonar El Chorro bajo la lluvia: “Está crítica (la situación). (Dejamos) todo, todo, salimos sin nada”.
Parte de los desplazados han encontrado amparo en albergues improvisados o han sido recibidos por familiares, pero la llegada al entorno urbano plantea nuevos desafíos.
Revista Espejo documentó la existencia de comunidades enteras levantadas espontáneamente junto al basurero municipal de Culiacán. Allí, cientos de personas, entre ellas muchos que no figuran en los padrones oficiales, sobreviven realizando actividades informales y recibiendo asistencia en comedores comunitarios.
¿Qué dice el gobierno?
El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y la Mesa Intersecretarial para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno, ha realizado operativos para dotar de apoyos—como catres, cobijas, kits de higiene y despensas—a las familias desplazadas.
El presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, declaró a El Sol de Sinaloa que la prioridad radica en la atención médica, alimentaria y educativa para los desplazados, con apoyo del Sistema DIF. El funcionario reconoció que la migración interna alcanza tanto a la cabecera municipal como a diversos puntos de Culiacán.
La situación humanitaria en los refugios temporales presenta retos urgentes. Reportes de organizaciones locales y nacionales señalan dificultades en el acceso a alimentos, atención médica y agua potable de calidad. Menores de edad han enfrentado interrupciones en su educación y la falta de materiales escolares. Además, menores y mujeres requieren apoyo psicosocial y mejores condiciones habitacionales para evitar la prolongación de vulnerabilidades.
Voceros de organizaciones civiles y organismos de derechos humanos han demandado la activación de protocolos federales específicos para protección a víctimas y atención integral.
En el último trimestre, informantes de la defensa civil regional han reportado al menos 15 enfrentamientos armados y media docena de poblados con reportes de población ausente.
La violencia ligada al narcotráfico no es nueva para Badiraguato. El territorio fue escenario de desplazamientos masivos durante la llamada “guerra contra las drogas” bajo el gobierno de Felipe Calderón, y nuevamente en 2020, con Los Chapitos defendiendo su territorio. El municipio, de poco más de 32.000 habitantes, ha sido históricamente un punto estratégico para el cultivo de marihuana y amapola.
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