Diputados aprueban en lo general la reforma a la Ley Aduanera

Este martes 7 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 338 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma la Ley Aduanera.

Estos cambios buscan fortalecer y modernizar la legislación, mejorar la competitividad y combatir la evasión y elusión fiscal, señaló la Cámara.

Esta iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca aumentar los requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos. 

Co nesta reforma, la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada 3 años. Crea el Consejo Aduanero, presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De qué trata la reforma aduanera

La reforma a la Ley Aduanera introduce un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la vigilancia digital y endurecer las sanciones.

Entre los cambios más destacados, el dictamen establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y requerirá un proceso de certificación cada tres años.

Además, se crea el Consejo Aduanero, presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que asumirá la responsabilidad de decidir sobre el otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de las patentes, así como sobre la inhabilitación de agentes y agencias aduanales y la gestión de sus prórrogas.

El documento aprobado introduce un procedimiento simplificado para las empresas de mensajería y paquetería que realicen despacho aduanero, permitiendo que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) otorgue autorizaciones específicas para este sector.

Además, se actualiza el Régimen de Depósito Fiscal en almacenes generales de depósito y se incorpora el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico dentro de los programas de diferimiento de aranceles, lo que garantiza el pago de contribuciones mediante depósitos en cuentas aduaneras de garantía para quienes introduzcan mercancías extranjeras.

El dictamen también endurece las sanciones para los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir las formalidades necesarias para su retorno al extranjero o sin el pago de las contribuciones correspondientes.

En estos casos, se exige la presentación de un documento que acredite que la mercancía estuvo bajo vigilancia de las autoridades aduaneras de un país que no sea parte del respectivo tratado de libre comercio.

En cuanto a la certificación de empresas, se establece que los contribuyentes cuyo registro en el Esquema de Certificación de Empresas (OEA) haya sido cancelado no podrán acceder nuevamente hasta que transcurran cinco años.

Si la cancelación se debió a la comisión de delitos fiscales, el contribuyente perderá la posibilidad de obtener una nueva certificación.

El dictamen también modifica las facultades tanto de la ANAM como del Sistema de Administración Tributaria (SAT) como autoridades aduaneras, permitiendo la celebración de convenios en materia informática y de tecnologías con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En el ámbito administrativo, se implementan controles para la simplificación de trámites relacionados con el abandono de mercancías en depósitos ante la aduana, la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet para el transporte y traslado de mercancías, el uso de pedimentos consolidados, la gestión de expedientes electrónicos, la utilización de cuentas aduaneras en garantía, la rectificación de pedimentos, la revisión en origen, el manejo de mercancías destruidas o con daño irreparable, las importaciones temporales, así como la tipificación de nuevas infracciones y sanciones.

Adicionalmente, el dictamen adecua las denominaciones de Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado y sustituye el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

También incorpora una cláusula habilitante en ciertas disposiciones, sin imponer cargas adicionales a los contribuyentes respecto a los elementos de las