Las playas desiertas y las calles silenciosas de Tulum reflejan un escenario inédito para el municipio de Quintana Roo, que durante años gozó de fama mundial como paraíso turístico. El verano de 2025 apenas logró una ocupación hotelera de entre 30 por ciento en la zona costera y del 15 por ciento en el centro, indicando un desplome en la afluencia de visitantes, mientras que los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto se redujeron entre 30 y 40 por ciento.
Ante este panorama, comerciantes y prestadores de servicios locales han extendido una disculpa pública a los turistas mexicanos, pidiendo una segunda oportunidad y admitiendo los errores que han afectado la experiencia de quienes llegan a la región.
Los problemas de Tulum se han vuelto notorios: precios elevados (con refrescos y agua que alcanzan los 100 pesos), dificultades para entrar a las playas—muchas bajo control militar—y tarifas de transporte que pueden superar los 800 pesos por trayectos cortos, han dejado a visitantes nacionales y extranjeros con la impresión de un destino inaccesible. Además, la gentrificación y el desarrollo de zonas de lujo contrastan con la precariedad que enfrenta buena parte de la población local, que vive en la periferia.
La violencia y la inseguridad suman tensión; tan solo en marzo pasado, el asesinato del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Roberto Rodríguez, conmocionó al municipio y agravó la percepción negativa. Paralelamente, el sindicato de taxistas Tiburones del Caribe está bajo investigación de la Fiscalía estatal por “situaciones irregulares”, y la detención de uno de sus integrantes revivió las alertas ciudadanas sobre el gremio, ya señaladas desde el año anterior cuando su dirigente, Eleazar Sagredo, fue arrestado relacionado con un homicidio.
Las redes sociales han dejado ver la gravedad de la crisis. Imágenes de playas vacías y locales abandonados, similares a los estragos de un desastre natural, circulan con testimonios de turistas sorprendidos al hallar acceso restringido al mar y precios prohibitivos. Incluso para llegar a la zona de playas públicas, los visitantes deben pagar acceso por la zona arqueológica, que ronda los 220 pesos para mexicanos y el doble para extranjeros, además de cargos adicionales para transportarse dentro del parque.
En este contexto, la aprobación legislativa reciente para garantizar el libre acceso a playas y Áreas Naturales Protegidas fue bien recibida por hoteleros, aunque advierten que la responsabilidad de facilitar mejores accesos no debe recaer sólo en la iniciativa privada. El desafío ahora está en mejorar tanto la infraestructura como la gestión de áreas protegidas, de modo que el turista redescubra a Tulum como un destino accesible y hospitalario para todos.
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