
Tras la clausura temporal del Zoológico La Pastora en Nuevo León, Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, calificó la medida como una acción politizada, irregular y sin sustento legal.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario aseguró que la resolución emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) carece de fundamentos y fue tomada de forma anticipada, sin que concluyeran formalmente las actas de inspección.
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“A las 2:00 de la tarde ya tenían todos los comunicados, todos los resultados, de algo que oficialmente se firmó hasta las 4:00. Eso no se vale. Politizar las cosas no se vale. La gente quiere que trabajemos por el bienestar animal y el medio ambiente, no por fines políticos”, afirmó Bichara.

El presidente del consejo señaló que, en respuesta a la clausura, se interpondrán recursos legales a partir de este sábado 5 de octubre para solicitar la reapertura del zoológico. Dijo confiar en que se podrá demostrar que la acción de la Profepa fue arbitraria, politizada y perjudicial tanto para el parque como para los visitantes.
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“El Consejo ha pedido al área jurídica y administrativa de Fundidora que inicie las acciones legales necesarias para revertir esta medida y lograr la reapertura del zoológico lo antes posible, para beneficio y disfrute de la ciudadanía, especialmente de los niños”, declaró.
Ante la situación, Bichara anunció una serie de medidas internas. En primer lugar, el Parque Fundidora suspenderá la recepción de nuevos animales provenientes de Profepa. Además, adelantó que se está evaluando la devolución de 91 ejemplares actualmente bajo resguardo del zoológico La Pastora, para que sea la dependencia federal la que se haga cargo de ellos.
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“Estos 91 animales los cuidamos, los alimentamos y procuramos, además de los más de 500 ejemplares que forman parte del patrimonio del zoológico La Pastora. Sin embargo, ante la falta de una colaboración simétrica y la politización del tema, hemos decidido tomar esta medida”, explicó.
Bichara también se refirió al caso de la osa Mina, una especie en peligro de extinción cuyo estado de salud habría motivado la inspección de Profepa. Según el funcionario, este fue un caso aislado en el que sí hubo colaboración con la dependencia federal, pero lamentó que la relación se haya vuelto unilateral y politizada.
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“En siete días quedó claro que la colaboración no es equitativa”, subrayó.
Finalmente, Bichara aseguró que el Consejo Ciudadano del Parque Fundidora está comprometido con el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente, y reiteró que están abiertos a colaborar con cualquier instancia que comparta ese objetivo, pero sin tintes políticos.
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