La detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, identificada como socia y representante legal de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, marcó un nuevo capítulo en el caso relacionado con el incendio que en 2009 provocó la muerte de 49 menores y lesiones en 106 más.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la aprehensión tuvo lugar en Tucson, Arizona, como resultado de un proceso de colaboración internacional solicitado desde septiembre de 2024.
Los familiares de las víctimas acusan a Téllez Nieves de homicidio culposo y lesiones, señalándola como una de las principales responsables de las condiciones irregulares y la falta de medidas adecuadas de Protección Civil bajo las que operaba la estancia infantil al momento de la tragedia. Así como de haber sido protegida por sus nexos políticos con mandos del IMSS y en el gobierno federal.
La organización Movimiento Cinco de Junio, conformada por los padres de las víctimas, ha insistido en que el siniestro fue consecuencia de omisiones y corrupción institucional.
El incendio se originó el 5 de junio de 2009 en una bodega adjunta a la guardería, propiedad de la Secretaría de Hacienda. Los reportes indicaron que el fuego y el humo avanzaron hacia la estancia infantil a través de defectos estructurales en el muro compartido, lo que dificultó la evacuación.
Vecinos y personal del lugar narraron que, ante la insuficiencia de ambulancias, tuvieron que trasladar a los menores en vehículos particulares hasta los hospitales cercanos. Las inspecciones previas señalaron numerosas irregularidades de seguridad, pero la guardería operaba con permisos prorrogados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Luego de su arresto original en 2016, Téllez Nieves fue sentenciada a 28 años, 11 meses y 4 días de prisión, sin embargo, tras una serie de amparos, la pena se redujo a 7 años y 7 meses. No obstante, desde 2022 existía una orden de reaprehensión dado que se había mantenido prófuga. A raíz de la solicitud formal de detención con fines de extradición, las autoridades estadounidenses fijaron el 8 de octubre como fecha de audiencia judicial para revisar su caso.
La deportación de la implicada se realizó por la garita Dennis DeConcini en la zona de Nogales, Sonora. Su traslado al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo ha sido señalado como un avance en el proceso de exigencia de justicia.
El caso, uno de los más emblemáticos de presunta negligencia institucional en México, mantiene abierto el reclamo de los familiares, quienes demandan responsabilidades penales no solo para los socios de la guardería, sino también para funcionarios públicos que autorizaron y supervisaron el funcionamiento del inmueble. Al momento del suceso, Téllez fungía como representante legal.
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