La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el derecho al agua ha sido una prioridad en la política nacional y que la administración ha orientado sus esfuerzos a garantizar un manejo eficiente del recurso, incorporando principios de sustentabilidad y medidas para adaptarse al cambio climático.
Entre las acciones se incluyen la protección de las cuencas y el fortalecimiento de los sistemas de agua y saneamiento, con el objetivo de asegurar la disponibilidad del recurso a largo plazo.
La funcionaria agregó que la sociedad mexicana cuenta con un acceso protegido al agua para fines personales y domésticos. Esto no sólo implica consumo seguro, sino también planificación y gestión que permitan una distribución equitativa, fortaleciendo la seguridad hídrica y la resiliencia de las comunidades ante eventos climáticos y demandas crecientes.
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó los detalles de la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Explicó que estas reformas buscan consolidar el derecho humano al agua, tal como lo establece el artículo cuarto de la Constitución. La iniciativa redefine la visión del recurso, dejando de considerarlo una mercancía y reconociéndolo como un bien estratégico de la nación bajo la rectoría exclusiva del Estado.
El funcionario detalló que la Ley de Aguas Nacionales se actualiza para dotar de herramientas a la autoridad hídrica que permitan regular el uso del líquido, supervisar concesiones y garantizar que cualquier asignación pase por un análisis técnico riguroso.
Además, se eliminarán los cambios de uso de concesiones y se creará el Registro Nacional del Agua, un mecanismo que permitirá conocer la trazabilidad de todos los permisos existentes, sin afectar los derechos de quienes actualmente poseen concesiones. La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del Artículo 27 constitucional.
Morales López también subrayó que la reforma fortalecerá la protección contra el uso indebido del agua mediante sanciones más severas y multas, e incluso la extinción de dominio en casos de robo. De manera complementaria, dijo, se promoverá la tecnificación de los sistemas para reducir desperdicios y optimizar el aprovechamiento del recurso, con lo que se promueve la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la modificación de la ley, coincidiendo con el primer año de gobierno, representa un paso hacia un manejo más ordenado y constitucional del agua, que puede ser concesionada pero no comercializada.
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