Organizaciones civiles como Causa en Común, Impunidad Cero y Perteneces – Justicia e Igualdad alertan que la inseguridad y la impunidad en México están estrechamente vinculadas con la fragilidad de sus instituciones de seguridad, procuración de justicia y sistema penitenciario. Según estas asociaciones, la debilidad deriva del abandono sostenido, del desvío de recursos hacia la militarización y de la ausencia de políticas estatales efectivas para fortalecer capacidades locales.
El “Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias”, presentado ayer, reveló que los índices de transparencia elaborados por las organizaciones evaluaron policías, fiscalías y centros penitenciarios, analizando profesionalización, sistemas de carrera, mecanismos disciplinarios, seguridad social y certificación.
El diagnóstico evidencia que la mitad de las policías estatales carece de servicio profesional de carrera y presenta limitaciones importantes en infraestructura y equipamiento. Las áreas internas de supervisión muestran escasa capacidad para prevenir conductas ilegales, mientras que la regulación y rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza resultan deficientes.
De acuerdo con el estudio, en las fiscalías, persisten mecanismos de designación y remoción de fiscales que permiten la influencia de los Ejecutivos estatales, además de una carrera ministerial con promociones por mérito limitadas y opacidad en el número de elementos acreditados en control de confianza. Los regímenes disciplinarios carecen de garantías para denunciantes y no se transparentan sanciones. Aunque existen avances en seguridad social básica, las prestaciones son dispares entre estados.
Rezagos en profesionalización de personal penitenciario
El personal penitenciario enfrenta rezagos en profesionalización y certificación, y la falta de acreditaciones internacionales refleja deficiencias graves en gestión y seguridad, así como obstáculos para la reinserción social. Varias entidades reportaron menos centros activos de los que reconocen fuentes oficiales. La mayoría de las autoridades penitenciarias carece de autonomía técnica y presupuestaria, y la ausencia de enfoque de género impacta de manera negativa a las mujeres custodias.
El estudio detectó además inconsistencias significativas en la información oficial. Por ejemplo, el Estado de México reportó simultáneamente disminución y aumento de personal policial en 2024, mientras que Tlaxcala declaró no haber ejercido presupuesto en formación policial aunque registró 106 cadetes egresados. Campeche no cuenta con programa de capacitación para peritos y Chiapas no impartió cursos de actualización ni formación inicial a su personal ministerial. Veintidós entidades no tienen ley penitenciaria especializada y 13 carecen de certificación internacional en todos sus centros.
Según las organizaciones civiles, muchas instituciones funcionan como “cajas negras”, limitando el acceso a información confiable y actualizada. Esta opacidad se ha visto reforzada por la eliminación del INAI, el debilitamiento del Sistema Nacional de Transparencia y la restricción de derechos vinculados a la privacidad.
El diagnóstico concluye que la mayoría de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y sistema penitenciario no cumplen con sus obligaciones de ley, favoreciendo la impunidad y dificultando la rendición de cuentas. El informe busca ofrecer una hoja de ruta para la recuperación institucional, en caso de que existan condiciones políticas que lo permitan.
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