
La muerte de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años en Durango, ha generado una profunda conmoción social y ha puesto en el centro del debate la responsabilidad médica, la ética profesional y la protección de los menores frente a procedimientos estéticos. El caso involucra a su madre y a su padrastro, el cirujano plástico Víctor M, ha desencadenado investigaciones judiciales y la intervención de organismos profesionales, mientras la familia paterna exige justicia y esclarecimiento de los hechos.
El padre de Paloma Nicole, Carlos Said Arellano, denunció públicamente que nunca fue informado ni dio su consentimiento para la cirugía estética a la que fue sometida su hija.
Según su testimonio recogido en una entrevista con Mr. Doctor, la madre de la menor le comunicó el 11 de septiembre que viajarían a la sierra de Durango para aislarse tras un supuesto contagio de covid-19, advirtiendo que estarían incomunicados por falta de señal.
Durante ese fin de semana, la adolescente fue ingresada a un procedimiento quirúrgico que incluyó implantes mamarios, lipotransferencia en glúteos y liposucción, todo ello sin conocimiento del padre.
El 15 de septiembre, Carlos Arellano recibió una llamada de su exesposa informándole que su hija estaba hospitalizada en estado grave. Al llegar a la Clínica Santa María de Durango, encontró a Paloma Nicole en coma inducido e intubada, tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio que derivó en inflamación cerebral.
“La verdad, no sabía más. Ya no pude hablar con mi hija, ya estaba en coma, no hubo forma”, relató Arellano en entrevista con Mr. Doctor. El personal médico atribuyó inicialmente el cuadro a complicaciones por covid-19.
Durante los días siguientes, el estado de la adolescente fluctuó. El 19 de septiembre, los médicos observaron una leve mejoría y procedieron a desintubarla, pero esa misma noche su condición se agravó de nuevo, culminando en un diagnóstico de muerte cerebral al día siguiente.
El certificado de defunción, entregado al padre apenas minutos después del fallecimiento, estableció como causas edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, sin mención alguna a la cirugía estética, según información de la Fiscalía General del Estado de Durango y declaraciones del propio Carlos Arellano.
El descubrimiento de la intervención quirúrgica se produjo durante el funeral. El padre, al notar un corpiño quirúrgico en el cuerpo de su hija, decidió revisar junto a familiares y constató la presencia de implantes. “Me le acuesto a mi niña, la abrazo, y le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo… abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior, y ahí vimos que tenía implantes”, relató Arellano a El Sol de México.
Ante esta evidencia, la familia solicitó la necropsia de ley y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.La investigación penal se centra en la responsabilidad del cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, padrastro de la menor, y en la colaboración de la madre, quien firmó el consentimiento informado de la cirugía.
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) comunicó la suspensión provisional del médico denunciado, medida que solo tiene efectos internos y no implica la cancelación de la cédula profesional ni la revocación de la certificación oficial. “Se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias, y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizará en los términos previstos en el Orden Jurídico Nacional”, indicó la AMCPER en un comunicado firmado por su Consejo Directivo.
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