Alzheimer se queda sin diagnóstico en México: 9 de cada 10 casos no se detectan, según estudio

En México, hasta 9 de cada 10 personas con Alzheimer no reciben un diagnóstico oportuno, y quienes sí lo obtienen deben esperar entre tres y diez años para ser atendidos desde la aparición de los primeros síntomas.

Esta situación, documentada por Economist Impact & Lilly y respaldada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, limita gravemente las posibilidades de intervención y tratamiento, y mantiene invisible una enfermedad que afecta a millones de familias. Expertos advierten que la falta de detección temprana priva a los pacientes de atención integral y agrava el impacto social y económico de la demencia en el país.

La magnitud del subdiagnóstico en México es alarmante. Según el estudio, el Alzheimer afecta al 7,9% de las personas mayores de 60 años, con una prevalencia mayor en mujeres (9,1%) y en zonas rurales (9,4%). Sin embargo, estimaciones internacionales citadas por Alzheimer’s Disease International y el Instituto “Salvador Zubirán” coinciden en que hasta el 90% de los casos permanecen sin identificar.

El retraso en la detección, que puede extenderse hasta una década, reduce drásticamente las oportunidades de intervención oportuna y atención integral, lo que incrementa la carga sobre los sistemas de salud y las familias, lo cual es relevante en el marco del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora cada 21 de septiembre.

Obstáculos burocráticos

Las barreras estructurales dificultan aún más el diagnóstico temprano. Economist Impact & Lilly señala que México dispone de menos del 10% del promedio de equipos de resonancia magnética que tienen los países desarrollados, lo que limita el acceso a pruebas clave para la detección.

Además, la baja disponibilidad de biomarcadores y la ausencia de protocolos diagnósticos estandarizados complican la identificación de la enfermedad en etapas iniciales, aunado a la falta de formación específica para profesionales de la salud, especialmente en el primer nivel de atención, contribuye al retraso en la atención.

Esta fragmentación se agrava por la inexistencia de campañas nacionales de concientización y la dispersión de la atención entre instituciones públicas, privadas y de seguridad social, así como la ausencia de un registro nacional de casos de Alzheimer y la falta de datos epidemiológicos confiables impide dimensionar la magnitud real del problema y dificulta el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

La Secretaría de Bienestar coincide en que esta carencia limita la planificación de servicios, la distribución de recursos y el seguimiento de los pacientes. Aunque México cuenta con un Plan Nacional de Demencia actualizado en 2024, su implementación sigue siendo limitada y no se ha logrado articular un sistema unificado de información ni una estrategia nacional de detección.

Impacto del diagnóstico tardío

El impacto social y económico del diagnóstico tardío es considerable, el análisis refiere que el trabajo de cuidado no remunerado, que recae principalmente en mujeres, representa el 17,6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una proporción superior al promedio de los países de la OCDE, la responsabilidad recae sobre las familias, que deben asumir la atención sin apoyo formal ni acceso a servicios especializados, lo que perpetúa la desigualdad y el desgaste emocional y financiero de los cuidadores.

Frente a este panorama, los expertos proponen una serie de acciones para mejorar el diagnóstico del Alzheimer en México:

• Articular los servicios de salud y herramientas adecuadas en todos los niveles de atención.
• Crear campañas públicas para reducir el estigma.
• Crear protocolos nacionales de detección temprana.
• Ampliar la infraestructura diagnóstica en zonas rurales.
• Establecer un sistema nacional de datos epidemiológicos.
• Desarrollar una estrategia formal de apoyo a cuidadores que incluya formación, financiamiento y acceso a servicios.

Con la proyección de que la población de adultos mayores en México superará los 35 millones para 2050, la falta de acciones contundentes podría transformar al Alzheimer en una amenaza silenciosa para la salud pública, con repercusiones sociales y económicas de gran alcance.