La diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Hilda Araceli Brown Figueredo, rechazó públicamente los señalamientos del gobierno de Estados Unidos que la vinculan con una presunta red criminal en Playas de Rosarito, Baja California, ligada a figuras clave de la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.
Previo a estas aclaraciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyeron a varios empresarios y operadores del Cártel de Sinaloa en su lista de sancionados. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta red opera en Baja California bajo el liderazgo de los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana”.
Ante estos hechos, Araceli Brown ha roto el silencio y respondió a través de un mensaje en su cuenta oficial de Facebook:
“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”.
Aunado a ello, la representante morenista calificó como falso el bloqueo, puesto que pudo viajar a San Diego, California:
“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre.”, expresó finalmente.
Red criminal en Rosarito: empresarios, políticos y operadores financieros al servicio de Los Mayos
Las sanciones emitidas por la Unión Americana apuntan a una estructura financiera que blanquea millones de dólares provenientes del narcotráfico. Jesús González Lomelí, empresario local y propietario de bares y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos “El Caimán”, figura como principal lavador de dinero. Sus negocios turísticos han servido como fachada para operaciones ilícitas.
González mantiene vínculos con “El Ruso”, otro mando del Cártel de Sinaloa, lo que fortalece la infraestructura criminal en la región. En tanto, Los Arzate García controlan rutas de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California.
Ante ello, la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA en inglés) y la Fiscalía General de la República (FGR) documentan su influencia en Tijuana, Rosarito y Tecate, respaldada por un aparato armado y protección institucional.
Acusaciones contra Hilda Brown: vínculos políticos y omisiones como alcaldesa morenista
Durante la administración municipal de Brown en Rosarito (2019–2021), operadores del cártel como González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre consolidaron su presencia en el gobierno local. Arcega, cercano a la legisladora al tener una relación sentimental, facilitó el acceso a cargos públicos y gestionó pagos de extorsión. Las autoridades señalan que el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito ofreció cobertura a estas operaciones.
Brown, originaria de Rosarito y licenciada en Ciencias de la Educación, ha ocupado cargos como regidora, diputada local y alcaldesa. En 2021, ganó la diputación federal por el distrito 8 de Baja California. En la Cámara de Diputados forma parte de comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano y asuntos de frontera.
Sanciones estadounidenses y repercusiones políticas para Baja California
Las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense se amparan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en desmantelar redes financieras del narcotráfico. Aunque Brown no enfrenta procesos judiciales en México, su nombre aparece en reportes de inteligencia que describen cómo su administración habría favorecido a la facción de “La Mayiza”.
El caso genera preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en estructuras políticas locales. La respuesta de Brown busca desmarcarse de las acusaciones, pero el escrutinio internacional sobre su gestión continúa.
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