Una de las polémicas que desató la presentación del Paquete Económico 2026 fue el aumento presupuestal de casi mil millones de pesos para el primer año en funciones del nuevo Poder Judicial.
Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se deslindó del aumento de recursos para los nuevos ministros de la Suprema Corte y todo el aparato judicial que operará tras la reforma judicial, y atajó que sólo se limitó a integrar al documento el anteproyecto aprobado por uno de los Poderes de la Unión.
La autonomía presupuestaria de organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra garantizada por la Constitución Política, resaltó la SHCP.
Hacienda reiteró que la autonomía presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros órganos similares está respaldada tanto por la Constitución como por los artículos 5 fracción I, inciso b, y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Este marco legal establece que estos órganos cuentan con la facultad de aprobar sus propios presupuestos a través de sus órganos de gobierno internos.
De acuerdo con la SHCP, la función de esta dependencia en el proceso presupuestario se limita a incorporar el proyecto de presupuesto elaborado por los órganos con autonomía presupuestaria, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Secretaría puntualizó que “el presupuesto de los órganos con autonomía presupuestaria como la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aprobado por sus propios órganos de gobierno”.
En el caso específico del Poder Judicial de la Federación, la SHCP detalló que el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2026 fue entregado a la Secretaría el 28 de agosto de 2025, es decir, antes de que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia asumiera funciones.
Este dato subraya que la presentación del proyecto presupuestal se realiza con antelación a los cambios en la composición del máximo tribunal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también precisó que la decisión final sobre la procedencia de estos recursos recae en la Cámara de Diputados, conforme a las atribuciones que le otorga la Constitución para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En palabras de la dependencia, “la determinación de su procedencia corresponde a la H. Cámara de Diputados con base en sus atribuciones constitucionales para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
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