
Durante “La Mañanera del Pueblo” de este 28 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que podría existir una petición legal para que Ismael “El Mayo” Zambada pueda hacer un resarcimiento económico en dado caso de que las autoridades ―especialmente la Fiscalía General de la República (FGR)― soliciten el pago de una multa como lo ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Esto se enmarca en el reciente compromiso del antiguo fundador del Cártel de Sinaloa, el cual lo llevará a pagar 15 mil millones de dólares después de declararse culpable en la Corte del Distrito Este de Nueva York:
“Ayer comenté que, en caso de que se devuelva dinero de este narcotraficante, evidentemente debería haber un resarcimiento a México. Ya veríamos las condiciones legales en caso de que hubiera devolución de recursos”, recalcó la titular del Ejecutivo Federal.

La versión de Omar García Harfuch: solo existe una multa por parte de la justicia estadounidense
Estas palabras se enmarcan igualmente lo dicho el día de ayer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien resaltó que la situación de Zambada García en el país es muy diferente a lo sucedido frente a autoridades de la Unión Americana.
Hasta el momento, las instancias de seguridad mexicanas solo contabilizan para “El Mayo” una orden de aprehensión una serie de recientes indagatorias sobre su historial criminal de más de 40 años frentes al también llamado “Cártel del Pacífico”:
“Ese es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa es una investigación que no tiene nada que ver con las investigaciones que están en curso en México”, explicó el funcionario federal.
¿Existen sobornos por parte de “El Mayo” a funcionarios y fuerzas federales de seguridad?
Las recientes declaraciones de “El Mayo” Zambada han reavivado los posibles señalamientos sobre una “infiltración” de la delincuencia organizada en la estructura estatal mexicana. Durante la audiencia en la corte de Brooklyn, Zambada admitió haber entregado sobornos a políticos, militares y policías en México durante las últimas décadas.
En ese sentido, Sheinbaum Pardo fue contundente al señalar que cualquier acusación sobre la entrega de sobornos por parte de cárteles debe estar respaldada por denuncias formales y pruebas fehacientes. Sheinbaum explicó que antes de iniciar procesos legales es indispensable contar con datos concretos, nombres de responsables y evidencia documental que permitan identificar a los funcionarios implicados.
Reiteró además que su administración no tolerará actos de corrupción, pero subrayó que las investigaciones solo pueden avanzar con información precisa y denuncias oficiales. Esto para evitar especulaciones o juicios mediáticos que no se sustenten en hechos verificables.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal reconoció ante medios que sí existen investigaciones sobre corrupción dentro de las corporaciones policiales, aunque los casos comprobados corresponden, hasta el momento, a policías municipales y estatales.
Así pues, subrayó que todos los procesos de investigación se llevarán a cabo con transparencia, bajo un enfoque institucional y en total coordinación con las autoridades judiciales.
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