En un llamado urgente, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) exhortó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México a conformar una Comisión Especial para la Revisión y Seguimiento del Aumento a la Tarifa del Transporte Público.
Esta instancia tendría como objetivo evaluar de manera rigurosa el impacto de una posible subida del pasaje, que –de concretarse– elevaría el costo del viaje de 12 a 16 pesos.
La iniciativa, planteada por la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) durante la sesión de la Diputación Permanente, subraya que, conforme al Código Administrativo del Estado de México, cualquier incremento tarifario exige una justificación vinculada con la calidad del servicio y su contribución al bienestar público.
El GPMC advierte que los denominados “tarifazos” —aumentos abruptos en el precio del transporte— no son soluciones viables ante los problemas estructurales de movilidad.
La misma diputada cuestionó la legitimidad de gravar a la ciudadanía con tarifas más altas cuando muchos autobuses operan en condiciones deficientes, con falta de limpieza, inseguridad, riesgo de asaltos, acoso sexual y accidentes.
Comisión analice la movilidad integral
Por ello, el grupo busca que esta comisión especial, formada al interior de la LXII Legislatura mexiquense, no solo evalúe posibles incrementos, sino que también proponga alternativas más integrales para atender la movilidad de millones de mexiquenses.
Entre las sugerencias destacan: establecer tarifas preferenciales para estudiantes, personas adultas mayores y grupos vulnerables; impulsar proyectos como el Metromex y el Mexibús hacia Toluca; extender líneas de transporte existentes en el Valle de México; y promover inversión en sistemas de transporte público no concesionado.
La iniciativa también plantea una reforma a las competencias de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM). El objetivo es reforzar la infraestructura vial, peatonal y ciclista, además de combatir la corrupción y regular el funcionamiento irregular de taxis y rutas no autorizadas.
En un contundente mensaje, la diputada Ruth Salinas afirmó: “ya basta de cargarle siempre la mano a las y los ciudadanos”. Su propuesta rechaza cualquier pretexto para frenar una legislación con visión más amplia y justa, que asegure el derecho de la población a una movilidad accesible.
Finalmente, recordó que el GPMC ya presentó el pasado 27 de febrero una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios. Esta busca establecer límites a concesiones, subsidios y expropiaciones, con el fin de regular los costos del transporte público y las cuotas de peaje en autopistas.
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