Del CJNG a Cárteles Unidos: los periodistas en México que han vivido el alto riesgo del narco entre 2024 y 2025

La violencia contra periodistas en México mantiene niveles alarmantes, lo cual ha evidenciado un escenario donde informar sobre el narcotráfico y la corrupción implica enfrentar amenazas mortales. Entre octubre de 2024 y julio de 2025, Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ en inglés) y Artículo 19 documentaron una serie de asesinatos que confirman a México como uno de los países más letales para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

El auge del crimen organizado y la falta de protección han convertido la cobertura de temas de seguridad en una labor de alto riesgo: En dicho periodo, al menos seis periodistas fueron asediados mientras ejercían su labor. Principalmente, en estados con fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Familia Michoacana, Los Ardillos y La Barredora.

Los datos recabados por RSF y Artículo 19 muestran que estos crímenes se concentran en regiones disputadas o controladas por cárteles, donde la impunidad y la corrupción institucional predominan.

¿Quiénes son los periodistas amenazados y bajo “el riesgo del crimen”?

• Mauricio Cruz Solís (Uruapan, Michoacán, en octubre 2024): su principal enfoque era la cobertura de seguridad pública y entrevistas a líderes comunitarios. Su trabajo en zonas bajo dominio del CJNG y los Viagras lo convirtió en blanco del crimen tras publicar información sobre operativos oficiales y redes de corrupción.
• Cayetano de Jesús Guzmán (Tejupilco, Estado de México, noviembre 2024): cubría la operación logística de La Familia Michoacana y había recibido amenazas tras investigar extorsiones y cobros de piso. Fue atacado después de divulgar denuncias contra autoridades municipales.
• Alejandro Gallegos León (Cárdenas, Tabasco, enero 2025): su labor periodística implicaba investigar homicidios y nexos entre la policía estatal, La Barredora y el CJNG. A pesar de advertencias y medidas preventivas insuficientes, fue asesinado en un contexto donde la presión criminal aumentó.

• Kristán Uriel Varela Banda (Mazatlán, Sinaloa, enero 2025): se especializaba en reportajes sobre logística criminal marítima del Cártel de Sinaloa. Previamente, denunció corrupción y vínculos entre autoridades y criminales. Recibió amenazas directas antes de ser ultimado.
• Osmar Ochoa (Guaymas, Sonora, marzo 2025): Investigaba dinámicas de desapariciones y ejecuciones en el contexto de la expansión del CJNG y disputas fronterizas. Su trabajo reveló la existencia de narcolaboratorios y rutas de tráfico de drogas en la región.
• Ronald Peré Pool Canul (Tizimín, Yucatán, julio 2025): su caso marcó un precedente en la Península de Yucatán, donde el crimen organizado históricamente mantenía menor presencia. Reportaba para medios locales y plataformas digitales como NixiExpress al cubrir la llegada de cárteles a la región.

Impunidad e impacto en la libertad de prensa

Ambas organizaciones internacionales han subrayado que ninguno de estos casos ha sido esclarecido judicialmente hasta el momento, por lo que la impunidad sigue siendo la norma. La mayoría de los periodistas recibieron amenazas, fueron hostigados o vigilados por su actividad informativa antes de los ataques.

Así pues, la cobertura de delitos, corrupción política, operaciones del narco y violaciones a derechos humanos constituyó el centro de sus investigaciones y detonó represalias mortales.

RSF destaca que México continúa en el primer lugar mundial de países con mayor número de periodistas asesinados en contextos sin guerra. Sobre esa misma línea, Artículo 19 ha alertado que la mayor parte de las víctimas son reporteros de medios estatales o portales independientes, carentes de recursos y sin protección estatal efectiva.