La abogada y activista Carla Escoffié ha reaparecido en la discusión pública tras haber enfrentado amenazas y acoso digital derivados de su postura crítica frente al denominado cartel inmobiliario. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado una campaña de desprestigio característica de intentos por silenciar su labor. Las acciones en su contra incluyeron acusaciones falsas orientadas a vincularla con intereses inmobiliarios, además de amenazas de doxing o difusión de información personal.
Un total de 36 organizaciones y 62 personas, incluidas ARTICLE 19 México y Centroamérica, la Coalición Internacional para el Hábitat y Racismo MX, hicieron público su respaldo a la trayectoria y el activismo de Escoffié. De acuerdo con simpatizantes y usuarios en redes sociales los ataques parten de una estrategia recurrente para desalentar la crítica social y sofocar las demandas por el derecho a la vivienda y la ciudad. El caso de Escoffié ocurre en un contexto nacional donde la violencia digital contra mujeres y activistas ha escalado.
Reconocida por su trabajo en defensa de la vivienda, Escoffié ha denunciado prácticas de empresas y gobiernos que promueven la especulación, la gentrificación y el desplazamiento de familias. Una situación que ha generado una mayor preocupación entre los ciudadanos en años recientes.
La activista define la gentrificación como el proceso de desalojo económico y simbólico de personas de bajos ingresos por otros actores con mayor capacidad adquisitiva. Advierte que ello intensifica la crisis habitacional y ahonda la desigualdad en ciudades mexicanas.
El concepto de cartel inmobiliario describe la colaboración entre empresas, autoridades y actores del sector para manipular leyes, precios y procesos de urbanización, provocando el encarecimiento de rentas y desplazamiento de comunidades.
A través de sus apariciones en redes sociales y medios, Escoffié se ha posicionado como una de las referentes en el diálogo público sobre vivienda. Destaca su participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde realiza investigaciones orientadas a alternativas comunitarias frente a la especulación. En 2022 la abogada documentó más de 100 mil desalojos sin protocolos en México, cifras que subrayan la gravedad del problema habitacional.
Colectivos urbanos y especialistas coinciden en que la visibilidad que ha dado al tema contribuye al debate nacional y potencia propuestas legislativas de protección a inquilinos y comunidades afectadas. Agrupaciones prevén presentar una iniciativa federal para prevenir desalojos masivos sin debido proceso en el próximo periodo del Senado de la República.
Tras varios días de ausencia, la activista yucateca reapareció en redes sociales, si bien no dio mayores detalles, señaló que se encuentra bien, agradeció el apoyo recibido y expresó que pronto retomará la creación de contenido.
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