Fiscalía de Chihuahua obtiene condena de 16 años de prisión contra un hombre por delitos sexuales contra menores

Un juez dictó sentencia tras comprobar la responsabilidad penal de Armando R. M. en agresiones sexuales reiteradas a dos menores

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Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)
Las agresiones ocurrieron entre 2012 y 2019 en colonias de la ciudad de Chihuahua. (Imagen de Archivo/ AP Foto/Fernando Llano)

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y 10 meses de prisión por delitos sexuales contra Armando R. M.

La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, tras comprobarse su responsabilidad en los delitos de tentativa de violación, violación y abuso sexual agravado en perjuicio de dos menores de edad.

El proceso se desarrolló ante el Juez del Distrito Judicial Morelos, en la ciudad de Chihuahua, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

Detalles del caso

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El procedimiento abreviado permitió agilizar la sentencia y evitar la revictimización de las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, las agresiones sexuales ocurrieron de manera reiterada entre junio del 2012 y diciembre del 2019. Los hechos tuvieron lugar en domicilios ubicados en la colonia Infonavit Nacional y Nuevo Paraíso, ambos sectores residenciales de la capital estatal. Las víctimas, menores de edad al momento de los hechos, sufrieron ataques sexuales por parte de Armando R. M., quien mantenía una relación de proximidad con su entorno familiar.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua señaló que el caso fue documentado mediante un conjunto de pruebas y peritajes aportados durante la investigación. Estas evidencias incluyeron testimonios directos de las víctimas, dictámenes psicológicos, informes médicos y la recopilación de datos circunstanciados sobre los periodos en los que ocurrieron las agresiones.

La recolección y análisis minucioso del material probatorio permitió robustecer la imputación y facilitar la obtención de la sentencia condenatoria en un plazo reducido, indicó el área de comunicación de la FEM.

Informes oficiales detallaron que el procedimiento abreviado fue solicitado por la defensa del acusado, luego de que se reconociera de manera expresa la responsabilidad penal de Armando R. M. en los hechos investigados.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la aceptación de los delitos permitió que el proceso judicial culminara sin la necesidad de un juicio oral prolongado, agilizando la administración de justicia y evitando una revictimización de las personas afectadas.

“La conclusión expedita de este caso contribuye significativamente al acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos con componentes de género”, mencionó la Fiscalía Especializada en una declaración formal difundida a medios.

De igual forma, organismos dedicados a la protección de los derechos de la niñez en Chihuahua reconocieron el acompañamiento psicológico y legal brindado por la Fiscalía durante el proceso. El fallo se inscribe en el marco de la legislación estatal vigente, que establece penalidades agravadas por la comisión de delitos sexuales contra menores de edad.

El caso de Armando R. M. se sumó a una serie de procedimientos similares tramitados en el estado de Chihuahua durante el último año, de acuerdo con reportes de la Fiscalía.

Las víctimas y familiares contaron con el respaldo de instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La Fiscalía Especializada reiteró su compromiso con la investigación y persecución de delitos con alto impacto en la seguridad y bienestar de mujeres y menores de edad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni información personal de las familias para salvaguardar su integridad y privacidad, en conformidad con los lineamientos legales aplicables.