La Unión Europea y la embajada de Francia en México expresaron su firme condena ante el allanamiento del domicilio de Dora Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ocurrido el pasado 25 de julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
La reacción
En un comunicado conjunto, las representaciones diplomáticas manifestaron su preocupación por los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México, especialmente en regiones con fuerte presencia de conflictos socioterritoriales.
Asimismo, recordaron que Roblero ha sido reconocida por su labor en defensa de los derechos de comunidades indígenas, lo cual la convierte en una figura clave para el monitoreo de abusos en el sureste del país. “Expresamos nuestra profunda preocupación ante estos hechos. Las defensoras y defensores de derechos humanos deben poder ejercer su labor sin amenazas, hostigamientos ni violencia”, señalaron las delegaciones diplomáticas.
El allanamiento al domicilio de la ombudsman ocurrió durante la madrugada del 25 de julio, cuando personas no identificadas ingresaron ilegalmente a su vivienda sin sustraer objetos de valor. El Frayba considera que el hecho no fue un robo común, sino un acto de intimidación vinculado con su labor de defensa de derechos en contextos de alta conflictividad.
Organizaciones nacionales como la Red TDT, Serapaz y otros colectivos internacionales de la izquierda de Alemania expresaron su respaldo a la agraviada y exigieron a las autoridades federales y estatales garantizar su seguridad, así como la de su equipo. En sus comunicados, las agrupaciones coincidieron en que el allanamiento se enmarca en una estrategia de criminalización hacia quienes denuncian violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales.
El exhorto
El Frayba, fundado en 1989 por el obispo Samuel Ruiz, ha sido históricamente un referente en la documentación de violaciones de derechos humanos en Chiapas, particularmente en zonas de influencia zapatista y territorios indígenas. Su labor ha sido reconocida tanto en México como en el extranjero, y sus integrantes han sido objeto de amenazas y hostigamientos en diversas ocasiones.
La condena de Francia y la Unión Europea se suma a los llamados internacionales por fortalecer mecanismos de protección para defensoras y defensores, particularmente en zonas de alto riesgo como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
De acuerdo con organizaciones civiles, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes ejercen la defensa de derechos humanos, con decenas de agresiones documentadas cada año.
Es así como la UE y la embajada francesa exhortaron a las autoridades mexicanas a realizar una investigación pronta e imparcial, así como a tomar medidas urgentes para evitar que se repitan actos similares en contra de quienes luchan por la justicia y los derechos fundamentales en el país.
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