Protección militar, fincas lujosas y amenazas: el poder intacto de los líderes de La Familia Michoacana, según De Mauleón

El pasado miércoles fue sentenciado a 50 años de prisión el comisario de seguridad pública de Tlatlaya, Luis Ángel Nicolás Santos, acusado de colaborar directamente con la Familia Michoacana. Sin embargo, los verdaderos jefes del crimen en la región —Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y El Fresa— siguen en libertad, a pesar de que el Ejército conocía cada paso que daban.

Según documentó el periodista Héctor de Mauleón en su columna En tercera persona, publicada este jueves, la protección institucional a los hermanos Hurtado ha sido constante y documentada durante años. Aunque se sabía qué autos compraban, en qué tiendas hacían compras sus familiares, y hasta qué tipo de televisión instalaban en sus casas, la orden de detenerlos nunca llegó.

En agosto de 2023, dos comerciantes de cerveza fueron interceptados por policías municipales de Tlatlaya, quienes les reclamaron no haber pedido permiso al “patrón”. Posteriormente fueron entregados a sujetos con uniformes tipo militar, quienes los despojaron de la mercancía. Todo ello bajo las órdenes de Nicolás Santos.

La investigación reveló que los policías fungían como halcones y extorsionadores a nombre de la organización criminal. Nicolás Santos, ahora condenado, fue incluido en el Operativo Enjambre, desplegado contra autoridades locales coludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.

No obstante, los verdaderos líderes del grupo —El Pez y El Fresa— seguían operando con libertad desde sus fincas en Tlatlaya, incluyendo el rancho Las Canchas, con canchas de tenis; el Rancho Ancona, a orillas de una presa, y Los Pinos. Todas estas propiedades fueron adquiridas con prestanombres y apoyo de funcionarios.

Desde 2011, los Hurtado se posicionaron en el sur del Estado de México por órdenes de El Pony, para frenar a grupos guerrerenses que venían de los Beltrán Leyva. Cuando El Pony fue detenido en 2014, los hermanos se consolidaron como los líderes absolutos.

Además de controlar el territorio, El Pez sobornaba a militares del 102 Batallón de Infantería —el mismo implicado en la masacre de Tlatlaya de 2014— con pagos de hasta 140 mil pesos. La organización criminal incluso impuso un cerco sanitario durante el inicio de la pandemia para impedir el paso del COVID-19.

A pesar del monitoreo exhaustivo del Ejército, revelado en documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, que detallaban incluso la decoración de departamentos y reuniones políticas, no hubo acción oficial para detenerlos. En 2016, El Pez fingió su muerte y meses después amenazó a altos mandos militares con emboscadas.

Este caso, con la condena al comisario como único castigo visible, refleja el poder intacto de una organización criminal que ha convertido a Tlatlaya en su bastión durante más de una década. La Operación Enjambre podría haber llegado a lo más alto, pero por ahora, los verdaderos capos siguen libres.