El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, informó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca otorgar facultades al Congreso de la Unión para crear una ley general de combate a la extorsión, será discutida hasta septiembre.
El legislador reiteró que no se prevé la convocatoria a un Periodo Extraordinario de Sesiones, por lo que el análisis de la reforma se realizará en el próximo periodo ordinario.
La propuesta plantea una reforma constitucional para que el Congreso expida una legislación nacional con el objetivo de enfrentar la extorsión, considerada uno de los delitos de mayor impacto en distintas regiones del país.
Fernández Noroña destacó que, al centrarse en un tema de seguridad, el proyecto debería tener carácter prioritario. En este contexto, la reforma será abordada en el Senado solo después de su discusión en la Cámara de Diputados.
Sobre la reforma electoral, el diputado señaló que se esperará la presentación de la propuesta presidencial. Adelantó que se conformará un grupo de trabajo para analizar el contenido antes de su debate en el pleno, en un proceso donde los principales partidos reflexionarán colectivamente sobre los cambios de fondo que implique la reforma.
Frente al impacto de dicho delito, también se han posicionado otros actores políticos, tal es el caso de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló hace unos días que la iniciativa se impulsa con el fin de otorgar al Congreso la facultad de expedir una Ley General sobre el delito de extorsión.
La reforma al artículo 73 de la Constitución busca unificar la legislación y establecer una estrategia nacional que priorice los estados con mayor incidencia de este delito, los cuales concentran cerca del 70% de los casos en México.
La extorsión impacta la vida de millones de ciudadanos y deteriora la percepción sobre la seguridad pública. Datos recientes señalan que ha golpeado a 1.3 millones de pequeños y medianos negocios, equivalente al 27.2% de las unidades económicas del país. Además del daño económico, la extorsión genera temor y desconfianza en la población, lo que dificulta el desarrollo de entornos laborales y comerciales seguros.
La iniciativa propone no solo prevenir y castigar la extorsión, sino también proteger a las víctimas y garantizar un acceso equitativo a la justicia.
Un marco jurídico general permitirá fortalecer las capacidades institucionales, optimizar recursos y ofrecer una respuesta más eficaz a este problema estructural, que en la actualidad representa una de las mayores preocupaciones en materia de seguridad pública en México.
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