La olvidada masacre ocurrida en el corazón del Centro Histórico y que garantizó la continuidad del PRI

La historia contemporánea de México guarda episodios dolorosos marcados por la represión política. Uno de los más significativos y menos recordados es la Masacre de la Alameda, ocurrida el 7 de julio de 1952 en la Ciudad de México.

Esta masacre representa un punto de inflexión en la relación entre ciudadanía y Estado, y fue dado a conocer por el público debido a la profunda investigación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual lo identifica como uno de los momentos inaugurales de la llamada “guerra sucia”.

Para comprender el contexto de la Masacre de la Alameda, es necesario retroceder a los meses y años previos a la jornada electoral de 1952. El general Miguel Henríquez Guzmán, respaldado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) y sectores progresistas, se postuló para la presidencia bajo un programa que abogaba por reformas para la democracia efectiva: consulta popular, referéndum y revocación de mandato.

El país vivía entonces una época de claro descontento social, agravado por la desigualdad, el autoritarismo, casos de corrupción y la percepción de un gobierno alejado de las demandas ciudadanas. Henríquez Guzmán, con el respaldo moral de figuras como Lázaro Cárdenas y alianzas con organizaciones campesinas independientes, despertó una esperanza de cambio entre quienes querían recuperar los ideales revolucionarios y cardenistas.

El 6 de julio de 1952 se celebraron las elecciones federales. Aunque se prometió transparencia, hubo numerosas denuncias de fraude electoral: robo de urnas, violencia, y manipulación de resultados.

A pesar del clima de tensión, miles de simpatizantes convencidos de la victoria de Henríquez Guzmán, se congregaron al día siguiente en la Alameda Central de la Ciudad de México para celebrar en el evento nombrado “Fiesta de la Victoria”, convocado de manera pública y pacífica. La CNDH estima que acudieron cerca de 200 mil personas, entre familias, militantes y simpatizantes de la FPPM.

La tranquilidad se desvaneció cuando inició una operación represiva cuidadosamente planificada por parte de autoridades locales y federales. El ambiente ya era tenso por la presencia de elementos fuertemente armados del Servicio Secreto, Policía Montada, dirección Federal de Seguridad y fuerzas militares, todos.

Tras una detonación misteriosa que hirió al jefe de granaderos, los efectivos lanzaron gases lacrimógenos, dispararon armas de fuego y golpearon indiscriminadamente a los asistentes. La estampida dejó escenas de desesperación y pánico: mujeres, hombres y niños huyeron entre disparos; algunas personas buscaron refugio, otras intentaron defenderse.

Cuerpos de emergencia como la Cruz Roja y la Cruz Verde auxiliaron a los heridos, mientras que elementos militares retiraron y desaparecieron cuerpos; muchos de estos, según la CNDH, habrían sido incinerados en el Campo Militar Número 1. El saldo estimado supera las 200 personas fallecidas, aunque nunca se reconoció oficialmente.

En los días siguientes, la represión se extendió hacia familiares, simpatizantes y activistas, quienes sufrieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. El clima autoritario se manifestó también en la respuesta de los medios oficiales, que minimizaron o justificaron la violencia apelando a la protección de la “soberanía nacional”.

Las consecuencias de la masacre fueron profundas y duraderas. En lo inmediato, significó la derrota y desarticulación de la última gran oposición política organizada antes de la consolidación de un régimen intolerante al disenso. Además, la violencia ejercida por el Estado sentó las bases para el posterior uso sistemático de la represión como herramienta de control político.