El 10 de junio de 1971 quedó marcado en la historia de México como una de las expresiones más brutales de la represión estatal contra la movilización social. Aquel jueves, cientos de estudiantes salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse pacíficamente, sin embargo, la protesta fue interrumpida violentamente por un grupo de civiles armados que, bajo la tolerancia y respaldo del Estado, desataron una masacre en plena vía pública.
El episodio, conocido como “El Halconazo” o “La matanza del Jueves de Corpus”, marcó uno de los momentos más represivos del periodo conocido como la Guerra Sucia. Aunque no hay un número oficial de muertos, diversas fuentes académicas y de derechos humanos estiman que las víctimas mortales podrían haber superado el centenar.
A tres años de la matanza de Tlatelolco en 1968, el movimiento estudiantil en México retomó fuerza en 1971. Las protestas se reactivaron en solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo gobierno estatal había intervenido su autonomía.
Estudiantes de la UNAM, del IPN y de normales rurales organizaron una marcha pacífica para exigir respeto a la autonomía universitaria, libertad a presos políticos y justicia para los crímenes del 2 de octubre de 1968.
La manifestación inició en el Casco de Santo Tomás, sede del IPN, con dirección al Zócalo y avanzó por avenida San Cosme. A la altura del cruce con avenida México-Tacuba, un grupo de civiles armados comenzó a agredir a los estudiantes con varas de bambú, cadenas, pistolas y rifles.
Los agresores formaban parte de un cuerpo paramilitar conocido como “Los Halcones”, un grupo de choque entrenado por instructores mexicanos y estadounidenses, con respaldo directo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría de Gobernación. Su función era contener movimientos sociales, especialmente estudiantiles, mediante el uso de la fuerza extralegal.
Los agresores golpearon, hirieron y asesinaron a decenas de estudiantes, también atacaron ambulancias, periodistas y médicos que intentaban asistir a los heridos.
El presidente Luis Echeverría negó tener conocimiento de la operación y atribuyó la violencia a “grupos infiltrados”, también prometió una investigación que nunca llegó.
Días después de la matanza, Alfonso Martínez Domínguez, regente del entonces Departamento del Distrito Federal, fue removido del cargo como una forma de contención política. La masacre provocó el desmantelamiento del movimiento estudiantil durante varios años.
Muchos de los datos sobre el Halconazo siguen en el misterio. No hay evidencia que implique de manera directa al presidente Luis Echeverría aunque sí se sabe que conocía la existencia del grupo, tampoco hay certeza sobre quién fue el que ordenó la matanza de los ni con qué fin. Solamente hay seguridad de que fue una represión violenta del Estado mexicano contra una movilización estudiantil pacífica.
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