“Esto nos habla de que si bien el gobierno de Estados Unidos podría abrir las puertas y beneficiar a familiares de criminales como parte de estos acuerdos, parecería que tampoco es una carta en blanco”. Con esta afirmación, Anabel Hernández subraya los límites de la flexibilidad que Washington muestra en las negociaciones con figuras del narcotráfico, en particular con el entorno de Ovidio Guzmán López.
La periodista de investigación planteó la posibilidad de que la residencia de Julio César Chávez Jr. en territorio estadounidense esté vinculada a los pactos que el hijo de El Chapo sostiene con las autoridades norteamericanas, en el marco de su proceso judicial.
Durante una entrevista con Aristegui Noticias el pasado 4 de julio, la escritora de Emma y Las Otras Señoras Del Narco expuso que el boxeador no es ajeno al entorno del Cártel de Sinaloa, debido a los lazos familiares de su esposa, Frida Muñoz, con la familia Guzmán Loera.
La periodista recordó que Frida Muñoz fue la viuda de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, asesinado en 2008 en una plaza comercial de Culiacán. Según Anabel Hernández, Édgar Guzmán era considerado el hijo más querido del capo sinaloense, y su viuda permaneció integrada en el círculo más íntimo del clan.
Los presuntos nexos y filtros que enfrentó Julio César Chávez Jr. para obtener la aprobación de ‘El Chapo’ Guzmán
En palabras de la autora de Las señoras del narco, “el caso de Julio César Chávez Jr. vinculado al Cártel de Sinaloa comienza desde hace muchos años con el vínculo familiar que tiene con el cártel. Como lo planteé en mi libro, es esposo de Frida Muñoz, que es la viuda de Édgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán”.
La polémica periodista enfatizó que “quien se casara con ella tendría que pasar por muchos filtros por parte de este clan criminal que es una de las familias más poderosas, y quien los pasó y se convirtió en beneficiario de una fortuna que se le quedó a Frida por parte de Guzmán López fue Julio César Chávez Jr.”.
En este contexto, la periodista sugirió que resulta relevante cuestionar en qué condiciones residía Chávez Jr. en Estados Unidos cuando fue detenido recientemente por ICE. Hernández planteó la hipótesis de que el boxeador podría haber ingresado al país como parte de un grupo de familiares beneficiados por los acuerdos de Ovidio Guzmán con el gobierno estadounidense.
“Frida Muñoz, para la familia de Griselda, para la de Joaquín y Ovidio, es una hermana más. Está ligada siempre (…) Habría que ver si Julio César Chávez Jr. entró como parte de este ‘pull’ con su esposa y su hijastra. Habría que ver en qué condiciones entró”, sentenció.
La relevancia de este análisis se acentúa al considerar los recientes movimientos legales de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, quien se declaró culpable en una corte federal de Nueva York y busca sellar un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.
El pasado 9 de mayo, al menos 17 familiares directos de Ovidio cruzaron a Estados Unidos bajo la figura de parole humanitario. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, este cruce fue resultado directo de las negociaciones en curso. Aunque el abogado de Guzmán López negó que los familiares estén incluidos formalmente en el acuerdo, Hernández advierte que esto representa un patrón que merece observarse.
La periodista también recordó que el 17 de mayo, familiares directos de Ovidio Guzmán López cruzaron de manera sigilosa la frontera hacia Estados Unidos. “Por muchos años el gobierno de Estados Unidos y de México han tolerado esto. La administración de Donald Trump es la que viene a cambiar estas dinámicas”, profundizó.Hernández cuestionó la pasividad de las autoridades mexicanas ante estos hechos. “Si de verdad la Fiscalía tenía cargos contra Julio César Chávez Jr., ¿por qué no lo dijo ella? ¿Por qué no es el gobierno de México el que lo anuncia y tiene que ser el de Estados Unidos?”, preguntó.
La periodista apuntó que la orden de aprehensión mexicana data de 2023, aunque la investigación comenzó desde 2019. A su juicio, esto evidencia una falta de decisión de parte de las instituciones mexicanas para enfrentar los vínculos entre figuras públicas y el crimen organizado.
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