La cancelación del programa CBP One y otras medidas contra la migración irregular implementadas por el gobierno de Estados Unidos han generado repercusiones directas en la frontera sur de México, particularmente en Tapachula, Chiapas, donde se ha intensificado la actividad de redes de tráfico de personas, según reportes de organizaciones civiles.
Las nuevas disposiciones adoptadas por el presidente Donald Trump han incluido la eliminación de programas como el parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, así como el cierre de la plataforma CBP One, que permitía solicitar citas para ingresar legalmente a Estados Unidos por vía terrestre.
Estas acciones han provocado un aumento en el número de personas migrantes varadas en territorio mexicano sin opciones legales claras para continuar su tránsito, lo que ha fortalecido las operaciones de tráfico ilícito.
Disputas de grupos delictivos
De acuerdo con reportes de organizaciones no gubernamentales con presencia en la zona, la demanda de servicios por parte de traficantes de personas ha crecido, con cobros que oscilan entre los 10 mil y 15 mil dólares por persona para facilitar el cruce desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos. Esta situación ha generado disputas violentas entre grupos delictivos por el control de las rutas migratorias, así como enfrentamientos entre autoridades locales y grupos armados.
Testimonios señalan que, pese a los controles fronterizos y operativos migratorios, continúan los cruces irregulares a través del río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México. A partir de ese punto, muchas personas son trasladadas mediante redes de tráfico hacia el norte del país. Activistas advierten que las nuevas restricciones no han reducido la migración, sino que han desplazado la movilidad hacia circuitos más riesgosos y costosos, sin desarticular la estructura criminal que opera en torno a este fenómeno.
Además, personas migrantes que transitan por la región han reportado prácticas de extorsión por parte de distintas autoridades, particularmente cuando carecen de pasaporte o visa. En muchos casos, las personas migrantes permanecen durante meses en condiciones precarias en Tapachula, a la espera de trámites migratorios que les permitan continuar su trayecto o regularizar su estancia.
Desde el anuncio de estas políticas, más de medio millón de personas se encuentran en situación de incertidumbre legal debido a la eliminación o suspensión de programas de protección temporal. Muchas de ellas han quedado sin acceso a vías regulares de entrada a Estados Unidos y permanecen en un limbo migratorio, mientras los tribunales estadounidenses evalúan la legalidad de las decisiones del Ejecutivo.
El endurecimiento de la política migratoria forma parte de los compromisos de campaña del presidente Trump, quien ha reiterado su objetivo de acelerar las deportaciones y detenciones con la meta de expulsar a más de 11 millones de personas indocumentadas del país. México continúa siendo un punto de tránsito y contención, con una creciente presión sobre sus fronteras y sistemas de atención migratoria.
(Con información de EFE)
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