Un informe especial presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía conocimiento previo del riesgo que representaban las tomas clandestinas en la comunidad de San Primitivo, Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, antes de que ocurriera la explosión del 18 de enero de 2019, que dejó un saldo de 138 personas fallecidas.
El documento, dado a conocer el pasado 22 de junio de 2025, señala que la tragedia no fue un accidente inevitable, sino el resultado de una cadena de omisiones institucionales, entre las cuales se destaca que Pemex no aplicó protocolos de prevención, ni cumplió con los lineamientos legales en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Tecnología obsoleta e inacción ante el huachicoleo
Según la CNDH, la paraestatal opera con sistemas deteriorados y tecnología obsoleta, lo que impide detectar de forma oportuna las tomas clandestinas de hidrocarburos, un problema creciente en diversas regiones del país.
El informe también subraya que Pemex ha priorizado clausurar tomas irregulares, pero sin implementar medidas preventivas de fondo. Como resultado, el gasto público derivado de la emergencia en Tlahuelilpan superó los 85 millones de pesos, sin que hasta ahora existan acciones claras para reparar los daños materiales, sociales y ambientales.
Exigen plan de remediación y justicia para víctimas
La CNDH exigió que Pemex trabaje en coordinación con autoridades federales, el gobierno de Hidalgo y el municipio de Tlahuelilpan para establecer un programa de remediación integral. Este plan debe incluir la participación de la comunidad, garantizar la memoria de las víctimas y recuperar la zona afectada.
Además, el organismo denunció que el Estado Mexicano incumplió su deber de proteger los derechos humanos, al ignorar un riesgo previsible, no atender debidamente a las víctimas y no elaborar un plan de recuperación del suelo.
Un patrón de negligencia institucional
De acuerdo con el documento, la tragedia de Tlahuelilpan refleja un patrón de negligencia institucional que mantiene en el abandono a comunidades enteras. La CNDH recordó que abrió un expediente de queja en este caso, como lo ha hecho en otros de gran impacto social, debido al elevado número de víctimas, las circunstancias de los hechos y la posible participación de autoridades a distintos niveles de gobierno.
El informe representa un llamado urgente a que Pemex y el Estado Mexicano asuman su responsabilidad no solo por los hechos del pasado, sino en la prevención de nuevas tragedias relacionadas con el robo de combustibles.
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