
El periodista y fotógrafo independiente Salomón Ordóñez Miranda, conocido como “Shalom”, fue asesinado la noche del lunes 23 de junio de 2025 en la comunidad de Pahpatapan, municipio de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Norte de Puebla. Los reportes preliminares, así como los testominos de vecinos, indicaron que sujetos desconocidos le dispararon en al menos dos ocasiones afuera de su domicilio antes de huir del lugar.
Ante estos hechos, el comunicador fue trasladado con vida a un hospital, donde falleció mientras recibía atención médica.
La confirmación del crimen contra el comunicador
El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó el asesinato a través de un comunicado oficial en el que aseguró que, tras una llamada anónima, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron “de forma inmediata” al lugar del ataque ―en la privada 15 de Mayo―. No obstante, medios locales denunciaron que los servicios de emergencia tardaron más de una hora en llegar, lo que habría impedido una atención oportuna.
La autoridad municipal indicó que el caso está siendo atendido por la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de esclarecer lo sucedido y llevar ante instancias judiciales a los responsables. “Reiteramos nuestra total disposición para colaborar en todo lo que sea necesario, a fin de que se haga justicia”, concluyó el comunicado.

Ordóñez Miranda era fundador del medio digital Shalom Cuetzalan Producciones, centrado en la cobertura de temas comunitarios, tradiciones locales y problemáticas de seguridad. Habitualmente documentaba hechos del entorno rural y participaba activamente en la difusión cultural de la región.
“Verdad, justicia y memoria”: estas y otras peticiones de organizaciones civiles
La organización Propuesta Cívica condenó el asesinato y exhortó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y a la fiscalía estatal a coordinarse de forma efectiva para agotar todas las líneas de investigación, incluida su actividad informativa. “Demandamos una justicia pronta e imparcial”, indicó en su posicionamiento público.
Colectivos como la Red Puebla de Periodistas y organizaciones como Artículo 19 se sumaron a las condenas al advertir sobre el contexto de violencia estructural y falta de garantías para ejercer el periodismo en la entidad. Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) también urgió una indagatoria diligente, aunada a un enfoque en derechos humanos y libertad de expresión.

Reacción tardía del Gobierno de Puebla
Más de 12 horas después de los hechos, el Gobierno del Estado de Puebla publicó una postura oficial a través de redes sociales. En ella, lamentó el asesinato y expresó su solidaridad con los familiares del comunicador. El pronunciamiento añadió que la fiscalía de la entidad, en colaboración con las autoridades municipales, realiza las investigaciones correspondientes.
Tras el pronunciamiento oficial emitido por el gobierno estatal en redes sociales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se refirió públicamente al crimen contra Ordóñez igualmente. En un acto celebrado en el municipio de Cuautlancingo, condenó el crimen y sostuvo que se llevará a cabo una investigación para evitar que el caso quede en la impunidad.
“Un hecho lamentable, sin duda. Quisiéramos que no existiera ni un solo asesinato, pero son aspectos que son ajenos. En el gobierno no se promueve la violencia. No hay una acción del gobierno. Nuestra presidenta ha sido muy clara: No es el Ejército, no es la Guardia Nacional, no es la Sedena, no es la Marina, no es la policía. Nosotros no confrontamos, nosotros protegemos”, dijo el mandatario estatal ante medios locales.

Hasta el momento, no se ha informado si se contempla la labor periodística de Ordóñez como una línea de investigación prioritaria, ni tampoco se han reportado personas detenidas.
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