Tras el arranque del periodo extraordinario, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, evidenció que en algunas reformas aún se desconoce el contenido a debatir en las sesiones. En razón de ello, consideró que el Congreso podría atravesar un periodo de 10 días marcado por ‘irregularidades’.
En su argumento, el legislador aseguró que ciertas iniciativas están ‘promovidas’ por la gestión actual del gobierno federal. Por tal motivo, el priista criticó la falta de precisión en la técnica legislativa, calificando el proceso como una imposición y enfatizando en el supuesto desorden en las reformas que se discutirán en el proceso extraordinario.
¿Hasta cuándo será? Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció recientemente que se realizará un periodo extraordinario, el cual se extenderá cerca de nueve días.
Conforme a lo establecido, las sesiones comenzarán el 23 de junio y finalizará el 2 de julio. Durante este periodo, se espera abordar 22 dictámenes, de los cuales 12 corresponderán a la Cámara de Diputados y 10 al Senado.
Moreira acusa desaseo legislativo en reformas
En una intervención con medios, Moreira Valdez calificó las fechas asignadas al periodo extraordinario como “días de ignominia”. Señaló que, con la introducción de las nuevas iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, se prevé un panorama con posibles complicaciones.
“Son 10 días de ignominia, son 10 días muy desaseados, en términos de técnica legislativa (…) Se nos dice que es muy probable que lleguen otras iniciativas desde la Presidencia de la República y veremos cómo se van a procesar”, apuntó.
Desde el PRI, el legislador afirmó que su partido votó en contra de la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), argumentando que esta medida fomenta la opacidad total y atenta contra las instituciones del país. Además, expresó su desacuerdo con las leyes vinculadas a la Guardia Nacional y la Ley de Telecomunicaciones.
“Vamos en contra en todas esas votaciones porque la Guardia Nacional es militarizar el país y porque las leyes de seguridad son para meterse en la vida de las personas”, insistió.
Por su parte, consideró que el país enfrenta el riesgo mayor para la democracia, aludiendo que, la normatividad relacionada con la Guardia Nacional y las iniciativas en materia de seguridad pública representan tres amenazas graves, puesto que, se encuentran diseñadas de manera conjunta.
“Al aprobar una cosa, se convalida con otra, es decir, la Ley de Telecomunicaciones tiene relación con la de Inteligencia, y la Ley de Inteligencia con la Guardia Nacional”, comentó.
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