
El 15 julio de 2022 se aprobó la Ley Vicaria en el estado de Puebla, la cual contempla sancionar con 10 años y 8 meses de prisión a los hombres que utilizan hijas e hijos para buscar dañar, controlar, intimidar o ejercer poder sobre su pareja o expareja.
Cabe resaltar que la aprobación es fruto de la lucha de las mujeres que han vivido este tipo de violencia y que han sumado esfuerzos para el reconocimiento de este delito, entre los colectivos se encuentra el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria (FNCVV) y la Colectiva de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria (Cam-Cai).
Meses antes de que se aprobara esta Ley en Puebla, María Fernanda, vivió en carne propia los estragos de esta violencia en el municipio de Tepeaca. El 8 de marzo de 2022, su hija fue sustraída por parte del padre y la abuela paterna, Juan Manuel “N” y Juana “N”, la bebé habría nacido el 27 de febrero del mismo año, sin embargo, su madre apenas y pudo estar cerca de ella 9 días.
Debido a que la niña era una recién nacida, María Fernando no habría tenido la oportunidad de registrarla ni obtener papeles oficiales de identificación, hasta ese momento, lo único que tenía eran fotos con la bebé.
Como lo ha mencionado el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria en distintas publicaciones que realizan desde sus redes sociales, la violencia vicaria no empieza con la sustracción o retención de las infancias, se inicia con la violencia del esposo hacia la mujer en un ámbito familiar, entre las principales violencias que las mujeres pueden vivir, destacan: psicológica, económica, patrimonial, física o sexual.
Sin embargo, cabe señalar que las mujeres madres víctimas de violencia pueden considerar no denunciar, debido a que lo ven como algo no tan grave, por promesas que nunca se cumplen por parte de su pareja y en gran parte, por sus hijas e hijos.
La violencia no comenzó con la sustracción de la bebé, María Fernanda recuerda que en su relación con Juan Manuel “N”, ya había celos, golpes y control.
El día que le quitaron a su bebé, la molestia fue por que ella decidió visitar a su mamá, “ahí me arrebataron a mi hija, me hicieron regresar al lugar donde vivía con mi ex pareja”, María Fernanda comenta que en este lugar fue donde la agredieron físicamente, desde ese día le negaron el acceso y por tanto, ya no le permitieron ver a su pequeña.
Tres años sin su hija, la lucha de María Fernanda llevó a la restitución de la bebé
A pesar de la violencia y de que María Fernanda denunció a sus presuntos agresores y sustractores de la bebé, a un año de lo sucedido (2023), conforme a su testimonio, las autores le decían: “que no se desesperara”, “que debía esperar, porque como es el padre, tiene derechos”.
En un principio, las autoridades poblanas se negaron a activar la Alerta Amber, fue hasta diciembre de 2023 (un año y 9 meses después), que emitieron la ficha de búsqueda, en esta se podía leer que la recién nacida se encontraba “en compañía del C. Juan Manuel ”N“ quien la sustrajo de su domicilio”.
Durante estos 3 años, María Fernanda estuvo presente con las autoridades para que su caso no se perdiera, participó en distintos foros de Violencia Vicaria, incluso llego a ir al Congreso.
Luego de todo este tiempo buscando justicia, un camino que estuvo atravesado por violencia psicológica y amenazas de muerte, el 14 de marzo distintas autoridades llevaron a cabo acciones con el objetivo de recuperar a la hija de María Fernanda.

María Fernanda narra para Infobae México que el pasado 6 de marzo “Juan Manuel ”N“ volvió a golpearme... por lo que acudí a la Fiscalía”, es así que “la Fiscalía de Violencia de Género, dirigida por Mónica Rodríguez Torres, con el apoyo de ministeriales, el 14 de marzo, se giraron las órdenes de aprehensión contra Juan Manuel ”N" y su mamá, Juana “N”.
De esta forma, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Puebla llevo a cabo la restitución de la niña, es decir, tres años después, María Fernanda pudo reunirse con su hija, lo que le dio oportunidad a registrarla.
“Desde el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria capítulo Puebla; agradecemos el trabajo puntual de los agentes de investigación de la fiscalía de Tepeaca y de manera puntual el trabajo de Mónica Torres, directora de fiscalía de género del estado de Puebla”, parte del comunicado que emitió el Frente de Violencia Vicaria, el pasado 15 de marzo.
Tanto Juan Manuel “N”, como Juana ”N“, están siendo investigados por el delito de violencia familiar y sustracción de menores. Mientras tanto, el Frente a exhortado a la Fiscalía para que adicional a estos delitos se pueda reclasificar y agregar la violencia vicaria dentro de las agravantes vertidas en este caso.
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