El pasado 5 de junio fueron capturadas tres personas en flagrancia, mientras depositaban residuos peligrosos de manera ilegal en el Lago de Texcoco.
Los hechos sucedieron en un predio dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco en Atenco, en el Estado de México.
Al día siguiente, acudieron inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para hacer una revisión y verificar los rastros de los residuos peligrosos, una vez recogidas las pruebas fueron presentadas a la Fiscalía General de la República Texcoco en donde se emitió un dictamen sobre la magnitud de los daños y detalles sobre el delito.
Para impulsar la vinculación a proceso, la Profepa participó en la audiencia de control judicial, dadas las circunstancias en que fueron evidenciadas las personas involucradas, así, el juez de control determinó la legalidad de la detención y la consecuente vinculación a proceso.
Asimismo el juez impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar en los tres casos, debido a la sospecha de haber atentado contra el ambiente y la gestión ambiental; delito que es sancionado por el Código Penal Federal (artículo 414) y agravado al ser un Área Natural Protegida.
Pese a haber sido encontrados en el momento preciso, aún falta la realización del proceso y cotejar su perfil con el código penal que señala que “quien ilícitamente realice actividades de abandono, desecho, descarga de sustancias consideradas peligrosas se le impondrá pena de uno a nueve años de prisión”
De ser encontrados culpables, la pena oscila entre uno y nueve años de prisión, así como una suma de trescientos a tres mil días multa, sanción que se incrementa hasta en tres años y en mil días multa en caso de que el delito se dé en un ANP.
En México, la legislación sobre el manejo y disposición de residuos tóxicos se rige principalmente por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Esta norma establece criterios para identificar, clasificar y manejar dichos residuos, buscando minimizar su generación y reducir riesgos ambientales y de salud.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) supervisa su cumplimiento, junto con instancias locales. Además, se exigen permisos especiales para su transporte y disposición final, promoviendo la responsabilidad compartida entre empresas generadoras y autoridades. Las sanciones incluyen multas y la suspensión de actividades en caso de incumplimientos.
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