
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el acuerdo entre los socios de Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es para recuperar los recursos públicos que se usaron para fines personales.
La mandataria federal fue cuestionada sobre el retiro voluntario de la demanda en contra de García Luna y sus socios que mantiene el Gobierno de México en Miami Dade, Florida, por una trama de corrupción, como informó ayer la UIF.
De acuerdo con Claudia Sheinbaum, lo anterior no significa que se le atribuyan las responsabilidades a García Luna y sus socios por el esquema de contrataciones ilegales que tuvieron en el Gobierno de México.
“Esto que se informó ayer no tiene que ver con las responsabilidades y que se siga con el juicio para las responsabilidades de García Luna y su red de complicidad. Eso sigue su camino”, afirmó la Presidenta.

Además de aclarar que se trata de un juicio civil (y no penal), señaló que el objetivo de la negociación es ver la manera en que se regresarán los recursos para que puedan ser usados en beneficio de la ciudadanía.
“El tema es esencialmente cómo se regresan los recursos. Ahí es donde hay este espacio de negociación. En este juicio ya se reconoció por parte de la juez que, en efecto, hay responsabilidades de García Luna y sus cómplices. Mientras sigue el juicio, se están viendo las posibilidades para el regreso de los recursos a la Federación para ser utilizados para beneficio público”, detalló.
La sentencia de García Luna
El 22 de mayo se dio a conocer que García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados sin juicio en EEUU, debido a un esquema ilegal en el que se hicieron contratos con el Gobierno mexicano.
La sentencia fue dictada en una corte civil de Miami, Florida, por la jueza Lisa Walsh. Se informó que el exfuncionario mexicano deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa mil 740 millones. En total tienen que entregar más de 2 mil 400 millones de dólares.

Lo anterior forma parte de una demanda civil que fue presentada el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.
Según la UIF, bajo auspicio de García Luna se obtuvieron 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a través de los cuales se extrajeron recursos públicos que fueron transferidos a EEUU bajo la figura de paraísos fiscales.
En este entramado también fueron señaladas otras seis personas, consideradas socios de García Luna: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
En el marco de ese juicio civil, el 27 de mayo la UIF informó que las partes demandadas solicitaron a la jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio.
Ante ello, la jueza Walsh autorizó “la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación”.
La UIF precisó que el retiro voluntario de la acción no afecta de ninguna manera a la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas. En cao de no concretarse el acuerdo, se mantiene la posibilidad de que se vuelva a presentar la demanda en Miami.
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