
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el retiro voluntario de la demanda en contra de Genaro García Luna y sus socios que mantiene el Gobierno de México en Miami, Florida, para la recuperación de activos.
Esta medida se realizó debido a que la Jueza Lisa Walsh autorizó la continuación del diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo, esto incluso más allá de la etapa obligatoria de mediación, que comprendía el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo de 2024.
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Ambas partes solicitaron a la jueza la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, por lo que una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo, será sometido nuevamente a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente.
Este proceso legal se realiza por la red de corrupción y lavado de dinero identificada con la contratación de empresas en la que estaba involucrado el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón para adquirir bienes inmuebles y muebles con la extracción de recursos públicos.
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Respecto al diálogo, la UIF detalló que las partes han avanzado “sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada” y la recuperación de bienes, sin embargo, este no pudo realizarse antes de la fecha límite señalada.
En caso de que ambas partes no concreten un acuerdo en los próximos 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar de nueva cuenta la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta que se dicte sentencia.
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Además, la UIF destacó que el retiro voluntario de la demanda se realizó confirme a la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles de Florida, en el que ambas partes solicitaron a la jueza que conserve jurisdicción para dictar una sentencia derivada del acuerdo.
“Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”, explicó la UIF sobre la medida.
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Cabe recordar que el pasado 22 de mayo el exsecretario de Seguridad Pública fue sentenciado en Estados Unidos junto a su esposa, Linda Cristina Pereyra, por una demanda civil presentada por el Estado Mexicano en septiembre de 2021.
La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en una corte de Miami, Florida, en la que ambos deberán pagar más de 2 mil 488 millones de dólares por estar involucrados en un esquema de contrataciones ilegales en el Gobierno de México.
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Dicha sentencia está relacionada con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y 5 empresas como resultado de omisión de concurrir al juicio.
Como parte de un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, la UIF detectó un total de 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares en los que estaba relacionado el exfuncionario.
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