Este jueves el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado junto a su esposa Linda Cristina Pereyra en Estados Unidos por una demanda civil presentada por el Estado Mexicano en septiembre de 2021.
La sentencia fue dictada en una corte civil de Miami, Florida, por la jueza Lisa Walsh, en la que ambos deberán pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al estar involucrados en un esquema de contrataciones ilegales en el Gobierno de México.
Sin embargo, esta sentencia está relacionada con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio.
Debido a las resoluciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha podido recuperar millones de dólares por la red de corrupción y lavado de dinero a través de decenas de contratos realizados por el exsecretario de Seguridad Pública.
Una de las resoluciones ya fue ejecutada por la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, lo que derivó en la recuperación de 1 millón 970 mil 872 dólares, así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en 555 mil 800 dólares.
De manera adicional, como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, se obtuvo la recuperación adicional de 275 mil dólares.
Lo anterior representa el dinero recuperado para el Gobierno de México, lo que suma un total de 2 millones 801 mil 672 mil dólares, esto equivale a 54 millones 128 mil 317 pesos mexicanos.
Los recursos en efectivo recuperados fueron ingresados de manera inmediata a la Tesorería de la Federación, mientras que el inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta.
Cabe aclarar que la condena emitida este jueves 22 de mayo contra Genaro García Luna y su esposa por el total de 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares.
La UIF detalló que fueron detectados un total de 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México como parte de un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.
Respecto a las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC y GLAC SECURITY, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que no han sido localizados otros bienes, sin embargo, advirtió que podría realizar aseguramientos en el futuro aún bajo la propiedad “simulada de terceros que operen como testaferros”.
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